La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 37 votos, la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta modifica el artículo 73 para otorgar al Congreso de la Unión facultades plenas para expedir una ley general contra la extorsión. El dictamen será turnado al pleno de la Cámara baja a partir del 1 de septiembre, cuando comienza el siguiente periodo de sesiones.
El plazo contemplado es de 180 días, contados desde la entrada en vigor del decreto constitucional, para que el Congreso emita la ley general. Mientras tanto, seguirán vigentes las normas federales y estatales actuales sujetas a adecuarse mediante transitorios.
El dictamen busca homologar el tipo penal de extorsión, definir agravantes, delitos relacionados y sanciones, además de consolidar mecanismos de prevención, atención y reparación del daño. Diputados de todos los partidos enfatizaron que la medida es indispensable frente al alza de extorsiones, que en el primer trimestre de 2025 registró 5 887 víctimas, un incremento del 87 % en una década.
Críticos advierten sobre riesgos de centralización excesiva y presión institucional. Aunque el clima político fue conciliador, persisten retos: garantizar que la ley no se convierta en un instrumento represivo, respetando el federalismo y los derechos ciudadanos en torno a la denuncia y la investigación penal
