La liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo del Centro de México (CAME) ha puesto en una situación de incertidumbre a miles de ahorradores, y ha reabierto el debate sobre el alcance de la protección financiera en el país. El gobierno, a través del Fondo de Protección de Ahorros, ha iniciado el proceso para devolver el dinero de los clientes, pero la cobertura está limitada a un máximo de 25,000 Udis por persona, una cantidad que deja a muchos con pérdidas considerables.
Esta situación subraya una pregunta crítica para el sistema financiero: ¿debería el gobierno cubrir la totalidad de los ahorros perdidos, o la responsabilidad recae en parte sobre el ahorrador? La normativa actual, supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), establece un tope para el seguro de depósitos, lo que permite al Estado protegerse de la insolvencia total, pero al mismo tiempo deja desprotegido a quienes confiaron en instituciones reguladas.
La CNBV, como ente regulador, enfrenta el escrutinio de los críticos, quienes argumentan que su supervisión debió ser más estricta para evitar la quiebra de la cooperativa. La falta de una intervención oportuna en CAME ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema y las consecuencias directas que estas fallas tienen en la vida de los ciudadanos.
Este episodio es un recordatorio de que, si bien las instituciones reguladas ofrecen un nivel de seguridad, la protección no es ilimitada. Se abre un espacio de reflexión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y de revisar el esquema de seguro de depósitos para evitar que los ahorradores paguen el precio de las fallas del sistema.
