La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el traslado de 26 personas vinculadas con el narcotráfico a Estados Unidos, subrayando que fue una decisión soberana motivada por la seguridad nacional y no resultado de presiones externas ni de un acuerdo de seguridad bilateral . Aunque admitió que algunos de los extraditados contaban con solicitudes formales de EE.UU., insistió en que la decisión respondió a un análisis del Consejo Nacional de Seguridad, con base en criterios internos.
El operativo del 12 de agosto incluyó la participación de mil efectivos, 90 vehículos y 12 aeronaves, además del compromiso estadounidense de no aplicar la pena de muerte, aunque serían juzgados bajo leyes federales con posibilidad de cadena perpetua. Omar García Harfuch destacó que estos reos continuaban dirigiendo operaciones desde las prisiones mediante visitas y protección judicial, lo que representaba un riesgo grave para la población. Entre los extraditados figuran figuras emblemáticas como “La Tuta”, “El Cuini” y “El Chavo Félix”, miembros de cárteles como Sinaloa, CJNG, Zetas y Caballeros Templarios.
Aunque esta es la segunda entrega masiva de alto perfil durante su administración—tras la entrega de 29 capos en febrero—, la medida reafirma el compromiso de la administración Sheinbaum con el combate al crimen organizado, mientras busca preservar la soberanía sin ceder a presiones externas
