A tres días del debut liguero contra el Mallorca, el FC Barcelona encara una situación crítica para completar la inscripción de varios fichajes. La directiva presidida por Joan Laporta ha aprobado un aval personal por 7 millones de euros para cuadrar sus cuentas y cumplir con la normativa financiera del 1:1, mientras sigue pendiente la validación de ventas de asientos VIP que aportarían fondos esenciales.
Sin esa inyección, el club no cumpliría con el fair play financiero exigido por LaLiga. El informe favorable de la comisión médica sobre la baja prolongada del portero Marc-André Ter Stegen tras ceder y remitir la documentación reclamada ha sido clave para liberar masa salarial y proceder con la inscripción de Joan García como guardameta.
Este episodio revela una gestión reactiva en la que el Barça depende de soluciones temporales: recurrir a avales personales, esperar auditorías y esperar la recuperación del mercado de patrocinios para mantenerse dentro del marco financiero. Aunque la estrategia institucional logra sortear, de momento, las exigencias regulatorias, deja en evidencia los márgenes estrechos y la vulnerabilidad fiscal del club justo en su salida a competición
