El gobierno de Estados Unidos ha declarado estar dispuesto a emplear todos los recursos disponibles para combatir el narcotráfico que, según sus autoridades, tiene origen en Venezuela. La advertencia se produce tras el despliegue militar del Pentágono en la región, mientras Caracas ha movilizado a millones de milicianos, justificando su accionar como parte de un «plan de paz» ante supuestas amenazas externas.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó en rueda de prensa la postura del presidente Donald Trump, calificando al mandatario venezolano Nicolás Maduro como un «líder fugitivo» y al régimen que encabeza como un «cártel narcoterrorista». En sus palabras, Trump “está preparado para utilizar todo el poder del Estado para impedir el ingreso de drogas a territorio estadounidense y llevar a los responsables ante la justicia”.
En respuesta, el canciller venezolano Yvan Gil acusó a EE. UU. de incurrir en «amenazas y difamaciones» que no solo afectan a Venezuela, sino que representan un riesgo para la estabilidad de América Latina. Rechazó las imputaciones por narcotráfico y defendió los esfuerzos del país sudamericano por combatir el crimen organizado desde la expulsión de la DEA en 2005, asegurando que han tenido “resultados contundentes”.
La tensión escaló aún más luego de que el Gobierno estadounidense aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. La Fiscalía de EE. UU. sostiene que ha decomisado más de 30 toneladas de cocaína relacionadas con el entorno del mandatario venezolano, además de millones de dólares en activos que incluyen aviones privados y vehículos de lujo.
Este nuevo episodio agudiza la ya tensa relación bilateral entre ambos países, marcada por sanciones, acusaciones y una creciente militarización en la región.
