El furor por las billeteras virtuales en Argentina ha creado un fenómeno económico de doble filo. Por un lado, la tecnología ha logrado un grado de inclusión financiera sin precedentes, bancarizando a millones de personas que antes estaban excluidas. Por otro, está impulsando una «nueva economía gris» al facilitar transacciones que escapan al control del fisco y de la regulación, lo que genera serios desafíos para el gobierno y el país.
El uso masivo de estas plataformas, impulsado por la alta inflación y la desconfianza en el sistema bancario tradicional, ha permitido que un segmento creciente de la economía opere en la sombra. Se estima que una cantidad significativa de transacciones diarias se realizan a través de estos canales, lo que se traduce en una millonaria pérdida de recaudación de impuestos. Este drenaje de recursos públicos compromete la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales y obras de infraestructura.
Además del impacto fiscal, la proliferación de esta economía informal tiene graves consecuencias sociales. Los trabajadores que participan en ella carecen de derechos laborales básicos, como seguridad social, cobertura de salud y acceso a crédito. Esto los deja en una situación de alta vulnerabilidad económica y social, perpetuando un ciclo de precariedad.
La situación actual subraya un dilema para las autoridades: cómo regular este nuevo ecosistema para asegurar que se cumplan las normativas fiscales y laborales, sin frenar la innovación tecnológica que ha traído la inclusión financiera a muchos.
