El gobierno de Colombia mantuvo el pasado viernes una reunión con una facción disidente de las FARC, apenas un día después de un violento ataque perpetrado por ese mismo grupo, en el que murieron 13 policías. El encuentro, confirmado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se llevó a cabo en una zona montañosa del Valle del Yarí, al sur del país, como parte del séptimo ciclo de conversaciones en curso.
El ataque ocurrió en Antioquia, donde hombres armados al mando de alias «Calarcá» derribaron un helicóptero policial y se enfrentaron a efectivos que realizaban labores de erradicación de cultivos ilegales. La reunión posterior provocó indignación en la oposición y algunos sectores del gobierno regional, que acusan a la administración del presidente Gustavo Petro de negociar con quienes han mantenido una línea violenta activa.
En la misma jornada, otra disidencia liderada por alias «Iván Mordisco» detonó un camión bomba en Cali, causando la muerte de seis personas y dejando más de 60 heridos. Estos hechos marcaron uno de los días más sangrientos del año, agudizando la preocupación por la seguridad nacional, especialmente cuando se aproxima el proceso electoral de 2026.
Ambas facciones se separaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y han mantenido su presencia armada, disputando el control territorial con grupos paramilitares y organizaciones criminales. Las autoridades colombianas señalan que este vacío de poder tras el desarme de las FARC ha sido ocupado por estructuras ilegales que buscan dominar el narcotráfico, la minería ilícita y la extorsión.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su rechazo en redes sociales, cuestionando que el gobierno reanude negociaciones con «criminales de semejante pelambre». Mientras tanto, el Ejecutivo ha desplegado fuerzas especiales en Cali y aseguró que continuará combatiendo el terrorismo sin abandonar la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado.
