Claudia Sheinbaum abrió su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional con un tono celebratorio y de continuidad: pidió ser entendida como la primera mujer presidenta que rinde cuentas y subrayó que su gestión “no llegó sola”, vinculando los logros a políticas heredadas y continuadas por la llamada Cuarta Transformación. En su discurso recurrió con frecuencia a datos y a la enumeración de programas emblemáticos para mostrar resultados concretos en economía, bienestar social e infraestructura.
Uno de los ejes destacados fue la relación con Estados Unidos. Sheinbaum afirmó que México está dispuesto a cooperar en temas migratorios y de combate al crimen organizado, pero recalcó que esa colaboración debe darse “sin subordinación”, una frase dirigida tanto a la presión política de Washington como a episodios recientes de tensiones diplomáticas y amenazas de medidas como aranceles. En su intervención defendió la estrategia mexicana de extradiciones y cooperación judicial, y rechazó cualquier fórmula que implique intervención militar extranjera en territorio nacional.
Sheinbaum presentó datos y alegó avances en la reducción de homicidios y en la captura/extradición de líderes del crimen organizado; sin embargo, analistas y medios resaltaron que el informe evitó profundizar en zonas y casos concretos donde la violencia persiste, y hubo ausencia de un plan público alternativo para abordar la penetración de cárteles en ciertas regiones. En resumen: el gobierno enfatizó logros operativos (detenciones y extradiciones) pero no ofreció un diagnóstico pormenorizado sobre las causas estructurales ni metas claras a corto plazo para revertir la inseguridad en los estados más afectados.
La presidenta celebró la estabilidad macroeconómica —mencionó el peso “fuerte” y el crecimiento de la inversión— y vinculó eso a la capacidad del gobierno para sostener programas sociales. En su informe citó cifras sobre reducción de pobreza: recordó periodos recientes en los que millones habrían salido de la pobreza y subrayó que 32 millones de familias reciben transferencias directas como parte de los programas de bienestar. Medios corroboraron que el discurso enfatizó la combinación de inversión pública y privada con políticas distributivas como perfil central de su estrategia económica.
Los programas sociales fueron presentados como el corazón del proyecto político: Sheinbaum detalló entregas y ampliaciones de apoyos directos, pensiones y programas para sectores vulnerables, afirmando resultados medibles en calidad de vida. Citó cifras acumuladas y casos emblemáticos que, según la presidencia, muestran que la política social está teniendo efecto en la reducción de la desigualdad y la pobreza. Fuentes periodísticas destacan que esos programas mantienen alta popularidad entre la ciudadanía, y que constituyen una base política y presupuestal de su gobierno.
En su alocución reafirmó el impulso a grandes proyectos de infraestructura (mencionando la continuidad de obras como el Tren Maya) y la intención de promover desarrollo regional mediante inversión pública dirigida. La narrativa oficial ligó estas obras a generación de empleo local, conectividad y desarrollo turístico, aunque críticos han recordado debates pendientes sobre impacto ambiental y consultas comunitarias.
Otro capítulo del informe fue la defensa de las reformas judiciales impulsadas por el Ejecutivo y el congreso aliados: Sheinbaum celebró la elección de una nueva Suprema Corte y defendió los cambios como necesarios para “renovar” el sistema judicial. No obstante, observadores y algunos medios señalaron que esas reformas han generado críticas por riesgos a la independencia judicial y por concentrar poder en el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios. El tema abrió un debate sobre equilibrio de poderes que la mandataria intentó minimizar defendiendo resultados concretos del sistema judicial reformado.
Aunque el informe fue amplio, tuvo omisiones importantes: no abordó con profundidad planes concretos y medibles para reducir la violencia en los estados más afectados, no ofreció respuestas detalladas a críticas sobre corrupción en contratos de obra pública y evitó entrar en confrontaciones prolongadas sobre libertad de prensa o investigación de casos de violaciones de derechos humanos, temas que la oposición y organizaciones civiles insistían en ver tratados con más detalle. Estas ausencias alimentaron la lectura crítica de que el informe fue más bien una exhibición de logros que una rendición de cuentas exhaustiva.
Según notas y encuestas citadas por medios, la presidenta llega a su primer informe con una aprobación superior al 70% en mediciones citadas por la prensa, lo que el gobierno utilizó como aval público para sus políticas. Los partidos de oposición denunciaron centralismo y falta de apertura al diálogo, mientras que aliados celebraron el “avance” y la continuidad de la transformación. El informe, además, coincidió con el inicio del periodo ordinario del Congreso y la toma de protesta de integrantes del Poder Judicial, lo que marcó una jornada institucional intensa.
El mensaje de Sheinbaum buscó consolidar una narrativa de “éxitos” en economía, bienestar social e infraestructura, articulada con una política exterior de cooperación sin subordinación hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, el informe alimentó debates sobre la concentración de poder (por las reformas judiciales) y dejó preguntas abiertas sobre cómo enfrentar la violencia organizada en zonas críticas. Para analistas, el primer informe sirvió para mostrar músculo político y comunicar logros, pero también dejó en evidencia temas que la administración deberá atender con mayor transparencia y planes específicos en los próximos meses.
