El presidente de España, Pedro Sánchez, ha propuesto un pacto de Estado sobre el cambio climático con sus vecinos Francia y Portugal. La iniciativa surge como respuesta a la devastadora temporada de incendios de 2025, que causó un daño económico multimillonario y puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura y la economía española. Las medidas propuestas incluyen una inversión significativa en nueva infraestructura hídrica para la gestión de inundaciones, programas de prevención de incendios y una reforma de las leyes laborales para proteger a los trabajadores de las olas de calor extremas.
Sin embargo, el pacto se enfrenta a un doble desafío. En el ámbito político, el gobierno minoritario de Sánchez carece del apoyo parlamentario necesario para implementar las medidas, lo que ha generado críticas de la oposición, quienes lo acusan de utilizar la crisis climática para obtener capital político. En el ámbito económico, los analistas financieros y las agencias de rating advierten que el costo de la inacción es mucho mayor que el de la inversión. Se estima que el costo de los desastres naturales en España ha alcanzado cifras récord en los últimos años, lo que ejerce una presión considerable sobre las finanzas públicas y el sector de los seguros.
La propuesta, por lo tanto, es una carrera contra el tiempo y un dilema de inversión. Los expertos en economía señalan que los fondos de la Unión Europea podrían ser una fuente crucial para financiar estas medidas. El reto será coordinar una respuesta regional eficaz que se traduzca en una estrategia financiera viable para mitigar los riesgos climáticos, sin agravar la ya frágil situación económica de los países involucrados.
