Según un análisis conjunto del CIDE y la Cámara Minera de México (Camimex), si el sector minero incrementara su eficiencia operativa en un 10 %, ello podría disparar un impacto agregado de más de 64,000 millones de pesos en la economía nacional, así como una recaudación adicional cercana a 14,000 millones de pesos. Actualmente, ese diagnóstico señala que la mejora operativa podría traducirse en una producción incremental directa de al menos 18,000 millones de pesos, con un efecto multiplicador en la cadena productiva minera.
La minería ya representa un componente relevante de la economía mexicana: aporta aproximadamente 4.7 % del PIB, genera cientos de miles de empleos directos y conecta con 192 ramas industriales. Pero enfrenta un escollo estructural: la regulación vigente excluye al sector privado de la fase de exploración, otorgándosela exclusivamente al Estado a través del Servicio Geológico Mexicano.
Líderes del sector insisten en que la exploración no puede permanecer como monopolio estatal, pues esa limitación frena la identificación de nuevos yacimientos críticos, como litio o tierras raras, y desalienta inversión privada estratégica. También advierten que, sin una política clara de permisos e incentivos, las minas actuales podrían agotarse sin que el país descubra reemplazos
