Apple busca poner fin a una demanda civil presentada por la compañía texana Fintiv, que acusa al gigante tecnológico de robo corporativo y crimen organizado al utilizar sus secretos comerciales para desarrollar el lucrativo sistema Apple Pay. La denuncia alega que Apple, tras mantener múltiples reuniones y firmar acuerdos de confidencialidad con CorFire (adquirida por Fintiv en 2014), se apropió indebidamente de la tecnología de billetera móvil para lanzar su propio servicio en 2014.
Fintiv afirma que Apple Pay, que ha generado miles de millones de dólares en ingresos por las tarifas cobradas a las redes de pago y emisores de tarjetas (como JPMorgan Chase y Visa), se basa en tecnología propietaria que nunca fue licenciada. El pleito legal busca daños compensatorios y punitivos bajo leyes federales y la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), acusando a Apple de un «esquema de extorsión de proporciones monumentales.»
Este litigio subraya la creciente presión legal y regulatoria que enfrenta Apple en múltiples frentes. La compañía ya lidia con demandas antimonopolio por su posición dominante en el mercado de smartphones y ha pagado acuerdos millonarios por acusaciones de espionaje con Siri y por infringir la Ley de Mercados Digitales en Europa.
Críticamente, la demanda de Fintiv amenaza la base de uno de los servicios financieros de más rápido crecimiento de Apple, poniendo en tela de juicio su ética en el desarrollo de productos. El resultado de este caso no solo tendrá un impacto financiero directo, sino que también definirá la percepción pública y legal sobre cómo las grandes tecnológicas manejan la innovación y la propiedad intelectual.
