El gobierno federal de México ha renovado el decreto que permite la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, una medida que, si bien ofrece una certidumbre regulatoria temporal, reaviva el debate sobre su impacto en la economía y la seguridad. El sector formal, que agrupa a la industria automotriz y los distribuidores, ha presionado históricamente contra esta política, argumentando que fomenta la competencia desleal.
La extensión del decreto es vista como una medida de contención social, pero tiene un costo económico. El ingreso masivo de vehículos usados, muchos de ellos con una antigüedad y condiciones mecánicas dudosas, compite directamente con el mercado de autos nuevos y seminuevos formales. Esto reduce el volumen de ventas para la industria nacional y desincentiva la inversión en el sector, el cual es clave para el PIB mexicano y las exportaciones.
Críticamente, el decreto exacerba un problema de seguridad vial y ambiental. La entrada de modelos viejos y menos eficientes contribuye al aumento de las emisiones contaminantes y de los accidentes de tráfico, lo que obliga al Estado a destinar más recursos a la salud pública. La industria automotriz formal (AMIA y AMDA) insiste en la necesidad de un marco legal permanente y transparente que regule estrictamente la antigüedad y la seguridad de los vehículos importados.
La certidumbre que brinda el decreto es solo una pausa temporal. El desafío pendiente es sustituir la política de parches por una estrategia de renovación vehicular que beneficie al consumidor con vehículos más seguros y eficientes, sin socavar la competitividad de la industria nacional.
