Las compañías Visa y Mastercard anunciaron un acuerdo revisado tras casi dos décadas de litigio con comerciantes que acusaban prácticas anticompetitivas en el cobro de las llamadas “swipe fees” o tarifas por transacción.
El nuevo pacto propone reducir las tarifas típicas, que rondan entre 2 % y 2.5 % del valor de la venta, en 0.1 puntos porcentuales durante los próximos cinco años. Además, por un periodo de ocho años se establecerá un tope del 1.25 % para tarjetas de consumo estándar. Los comerciantes también obtendrán mayor libertad para aceptar o rechazar ciertas categorías de tarjetas y para aplicar recargos cuando el pago sea con tarjeta.
Pese a estas concesiones, los comerciantes y sus asociaciones señalan que el acuerdo no ataja el núcleo del problema: el poder de fijación de tarifas que ejercen las redes de pago junto con los bancos emisores y la rigidez del sistema. Por ejemplo, más del 80 % del mercado de tarjetas tiene características de alta comisión (como recompensas) que los minoristas difícilmente pueden rechazar sin perder ventas.
El siguiente paso será la aprobación por parte de la juez federal Margo K. Brodie, que ya rechazó en 2024 un pacto previo de 30 000 millones de dólares por ofrecer un alivio considerado “insuficiente”. En el fondo, esta resolución plantea una pregunta crítica: ¿la rebaja anunciada representa un cambio estructural en el modelo de negocio de estas redes o simplemente maquilla una práctica que sigue beneficiando a los emisores en detrimento del comercio?
