El sector privado de México está presionando al Gobierno para que aplace la implementación del nuevo «muro arancelario», que contempla la aplicación de impuestos de hasta 35% a la importación de productos de países sin Tratado de Libre Comercio (TLC), principalmente China. La medida, que busca proteger a las industrias nacionales del calzado, textil y acero de la competencia desleal y la subvaluación, ha generado un intenso debate económico.
Los líderes empresariales, representados en organismos como el CCE (Consejo Coordinador Empresarial), han advertido que una aplicación inmediata de los aranceles podría tener un efecto colateral negativo en la cadena de suministro nacional. Gran parte de la manufactura mexicana, incluida aquella que participa en el nearshoring y exporta a Estados Unidos, depende de la importación de insumos y maquinaria de China que no se producen en Norteamérica.
Desde una perspectiva crítica, el temor principal es que los aranceles encarezcan los insumos de forma inmediata, lo que aumentaría los costos de producción y minaría la competitividad de México en el mercado global. En lugar de proteger, la medida podría impactar negativamente las exportaciones y los precios al consumidor.
El sector privado propone una implementación escalonada y selectiva, pidiendo al Gobierno que se enfoque primero en combatir el contrabando técnico y la subvaluación de mercancías que ingresan al país, antes de aplicar un arancel general. El desafío de México es encontrar un equilibrio entre la defensa de su industria nacional y la necesidad de mantener un flujo de insumos asequibles para sostener la inversión en nearshoring.
