La situación jurídica de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, sumó un nuevo capítulo que altera el calendario de su eventual salida de prisión. A pocas semanas de que concluya la condena de nueve años que cumple por lavado de dinero y delincuencia organizada, una nueva imputación por peculado abrió un proceso adicional que podría mantenerlo recluido más allá de abril.
Audiencia en el Reclusorio Norte y nueva causa penal
La audiencia inicial se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor dio inicio al procedimiento correspondiente a la causa penal 667/2025, que se convirtió en el sexto proceso para Duarte, ahora por el presunto desvío de cinco millones de pesos de recursos federales.
La Fiscalía General de la República, a través de su área especializada en combate a la corrupción, planteó que el dinero tenía un destino específico: infraestructura y apoyos para grupos vulnerables en Veracruz, incluyendo casas hogar para niñas, niños y adolescentes y otra para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Ruta del dinero y señalamientos clave
En la narrativa expuesta durante la audiencia se describió una ruta financiera: en 2012 la Tesorería de la Federación transfirió 10 millones de pesos a una cuenta receptora a nombre del Gobierno de Veracruz. Posteriormente, se habrían movido cinco millones a una cuenta “concentradora” en BBVA que, según lo expuesto, no estaba autorizada para recibir ese tipo de recursos públicos.
En este punto apareció un elemento relevante del caso: la figura de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero estatal, quien en el expediente funge como testigo protegido. La versión ministerial lo coloca como pieza para sostener que existía un mecanismo interno de transferencias a una cuenta identificada como “concentradora” o “licuadora”, y que el esquema era conocido en la estructura financiera del gobierno estatal.
Duarte, por su parte, rechazó que su función fuera operar recursos y sostuvo que la Secretaría de Finanzas y Planeación contaba con autonomía para manejar el presupuesto.
Extradición y debate sobre autorización de Guatemala
La defensa intentó frenar el avance del procedimiento con un incidente para diferir la audiencia, argumentando que la extradición desde Guatemala en 2017 habría requerido una autorización específica para este nuevo proceso. El juez negó el incidente, al sostener que el tratado no obligaba a contar con dos autorizaciones distintas y que el Estado guatemalteco podía estar representado por un tribunal competente.
Prisión preventiva y próximas definiciones
Tras posponerse la definición sobre vinculación a proceso para el 17 de febrero, la FGR solicitó prisión preventiva justificada, medida que el juez concedió. Con ello, el nuevo expediente opera como un candado inmediato para impedir que el exgobernador recupere la libertad en abril, aun si concluye la condena vigente.
Más allá del caso personal, el episodio vuelve a colocar en la agenda pública dos tensiones institucionales: el uso de medidas cautelares en procesos de corrupción y el debate sobre el equilibrio entre persecución penal, garantías procesales y percepción de presiones políticas en asuntos de alto perfil.
