La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo vigente la solicitud del Servicio de Administración Tributaria para que el alto tribunal atraiga y resuelva un litigio fiscal multimillonario contra la empresa de casinos Juegos del Bajío, al tiempo que el Pleno protagonizó un enfrentamiento abierto entre dos ministras en torno al principio de cosa juzgada.
En sesión del jueves 14 de mayo de 2026, el Pleno discutió el recurso de reclamación 494/2025, interpuesto por Juegos del Bajío, mediante el cual la empresa impugnó la admisión a trámite de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 640/2025. Esa SEFA fue promovida por la ministra Lenia Batres Guadarrama, a través de la cual el SAT busca revertir la anulación de un crédito fiscal a favor de Juegos del Bajío por 4 mil 306 millones 799 mil 683 pesos.
El recurso de reclamación de Juegos del Bajío fue presentado bajo un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y fue desechado por mayoría de siete votos contra dos, por lo que la SEFA 640/2025 sigue su curso y el Pleno deberá decidir próximamente si atrae o no el juicio fiscal de origen. Los dos votos en contra correspondieron a las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Arístides Guerrero García.
El debate sobre cosa juzgada
La ministra Esquivel sostuvo que la extinta Segunda Sala ya había rechazado atraer el asunto el pasado 5 de marzo de 2025, también mediante una propuesta impulsada por Batres Guadarrama, y advirtió que insistir sobre el mismo expediente representa una afectación a la seguridad jurídica y vulnera el principio de cosa juzgada dentro del máximo tribunal.
Esquivel fue más allá al señalar que la empresa tiene derecho legítimo a inconformarse y que la insistencia sobre un tema previamente rechazado por la propia Corte constituye un acto de acoso. En sus palabras: «No se puede acosar a una empresa por el hecho de que tengan una resolución que le favoreció en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No podemos adelantarnos ni estigmatizar a una empresa que trae una resolución a su favor trayéndola dos veces aquí a la Suprema Corte.»
La ministra Batres Guadarrama respondió con un argumento reglamentario. Defendió que el Acuerdo General 04/2025, que rige los trabajos del Pleno, establece en su numeral Quinto, tercer párrafo, que si nadie hace suya una solicitud de atracción, la petición se desechará mediante acuerdo presidencial, pero que esa decisión no impide que con posterioridad una parte legitimada pueda solicitar nuevamente la atracción del asunto, sin distinguir entre partes ni prohibir que sea la misma parte. Su argumento central es que las decisiones sobre facultad de atracción no resuelven el fondo del litigio ni afectan derechos sustantivos, y por tanto no generan cosa juzgada.
El antecedente directo data del 5 de marzo de 2025, cuando la extinta Segunda Sala de la Corte determinó que el asunto correspondía resolverlo a un Tribunal Colegiado de Circuito. Tras la nueva integración de la Corte, se presentó una segunda solicitud de facultad de atracción, que hizo suya Batres, y que el ministro presidente Hugo Aguilar admitió a trámite y ordenó la suspensión de la resolución del recurso de revisión fiscal hasta en tanto el Pleno resolviera si estudia o no el caso.
Un criterio adicional en la misma sesión
La sesión incluyó un segundo asunto directamente vinculado al principio en disputa. El Pleno aprobó un criterio relacionado con la protección de la cosa juzgada en procedimientos de embargo derivados del cumplimiento de sentencias judiciales. Por unanimidad, el Pleno avaló la propuesta de la ministra Esquivel en el sentido de que no procede el juicio de amparo indirecto cuando se reclama cualquier embargo de numerario decretado como condena en sentencia firme. El argumento central: permitir el amparo en esos casos obstaculizaría el cumplimiento de una sentencia con calidad de cosa juzgada.
Ambas determinaciones del mismo día configuran una posición institucional en tensión consigo misma: el Pleno blindó la cosa juzgada frente a amparos en materia de embargos, al tiempo que mantuvo abierta la puerta para que el SAT intente revertir una resolución favorable a Juegos del Bajío que ya había sido rechazada en una integración anterior de la Corte.
La siguiente etapa del litigio será la votación para decidir si la SCJN ejerce o no la facultad de atracción sobre el juicio fiscal original. De decidir atraerlo, el Pleno pasaría a revisar el fondo del crédito de más de 4 mil millones de pesos.

