Algo no está bien cuando las autoridades mexicanas son quienes justifican las medidas proteccionistas más recientes del gobierno estadounidense. Luego de que la semana pasada la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció que sustituiría el arancel del 10% sustentado por la sección 122 de la Ley de Comercio, que expiró a la medianoche del jueves 23 de julio, por otro igual sustentado ahora en una investigación en base a la sección 301 de la misma ley y sin fecha de terminación, tanto la presidenta como el secretario Ebrard dijeron que no había porque preocuparse porque las condiciones arancelarias que enfrenta México siguen iguales, debido a que esta medida es sólo un ajuste a la normativa interna en la Unión Americana.
La presión arancelaria que enfrenta la industria mexicana por parte del gobierno de Trump crece mes a mes, sin importar que ambos países iniciaron la revisión del TMEC en marzo, y Sheinbaum mantiene la política de no aplicar ninguna represalia. Estados Unidos justifica el nuevo arancel argumentando que, aunque México tiene leyes para prevenir la producción con trabajo forzado, definido por la Organización Internacional del Trabajo como todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no se ha ofrecido de forma voluntaria, no las ha implementado correctamente.
Este nuevo arancel entró en vigor el viernes 24 de julio y se aplica a México, Canadá, la Unión Europea (UE) y a otros 58 países de acuerdo con la investigación que inició el USTR el 11 de marzo, en su mayoría proveedores importantes de la Unión Americana que tienen un superávit en balanza comercial. A los países de este grupo que no tienen leyes vigentes en contra del trabajo forzado ahora se les aplica un arancel del 12.5% y a quienes tienen leyes, pero no las aplican adecuadamente, como el caso de México, el 10%. De esta manera, 173 países y territorios con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales quedaron exentos de un arancel general, y puede consultar los detalles en el decreto publicado en el Federal Register el martes 28.
Cuando Sheinbaum ha enarbolado una y otra vez la bandera de la defensa de la soberanía del país y el rechazo al intervencionismo, resulta muy difícil entender que no haya esgrimido este argumento cuando el arancel por trabajo forzoso implica una sanción por no aplicar y hacer cumplir las leyes mexicanas de manera correcta. Incluso durante la audiencia pública que organizó el USTR a principios de julio para escuchar a los 106 representantes de más de 40 de los países afectados, los funcionarios que fungieron como panelistas le preguntaron tanto al representante de la Secretaría de Economía, como al del Consejo Coordinador Empresarial, que participaron en representación de los intereses de la industria mexicana, que identificaran un caso en que el gobierno mexicano hubiera aplicado sus leyes para prevenir el comercio de productos elaborados con trabajo forzado, y ninguno respondió.
Ahora, México, la UE y otros 14 países esperan el anuncio del resultado de otra investigación, iniciada también el 11 de marzo, que argumenta que estos países producen diversos productos utilizados por la economía estadounidense muy por encima de la demanda que enfrentan para inundar el mercado, forzar la caída de los precios internacionales y afectar a los productores estadounidenses con el apoyo de subsidios a la producción, devaluaciones competitivas y dumping. De acuerdo con el anuncio del USTR, los sectores afectados incluyen al aluminio, automóviles, baterías, cemento, productos químicos, electrónica, vidrio, maquinaria y herramientas, metales no ferrosos, papel, plásticos, alimentos y bebidas procesadas, robótica, satélites, semiconductores, módulos solares, acero y equipos de transporte.
Jamieson Greer, titular del USTR, declaró el lunes 27 de julio que espera dar a conocer los resultados probablemente en agosto, cuando el congreso se encontrará en receso, lo que ayudará a reducir las críticas iniciales a este nuevo arancel, que todavía no se ha definido y que se espera que se aplique no de manera general, sino de acuerdo con el exceso de capacidad de producción de cada país. Los indicadores reflejan que la industria mexicana no puede seguir absorbiendo nuevos aranceles y los efectos ya se notan en la producción y el empleo. El aumento en las exportaciones ha reflejado compras adelantadas de insumos, lo que no puede suceder indefinidamente.
