Los retazos…

Al parecer comienza a resolverse el problema de la UNAM. Digo “comienza”, porque todavía falta ver cómo termina todo.

Después de las irregularidades detectadas en el examen de ingreso aplicado en línea, se llegó a la conclusión de realizar un examen de control, ahora de manera presencial, para un importante número de aspirantes. El resultado de esta nueva evaluación será el que determine quiénes podrán ingresar finalmente a la institución.

No se trata, entonces, de abrir más lugares ni de permitir que un mayor número de jóvenes entre a la UNAM, sino de verificar quién obtuvo realmente el resultado que decía haber obtenido. Pequeña diferencia, porque una cosa es ampliar la matrícula y otra muy distinta corregir un proceso que, por decirlo suavemente, dejó demasiadas dudas.

Para quienes no consigan el ingreso, se ha mencionado la posibilidad de continuar sus estudios en otras instituciones públicas, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Y aquí el asunto le viene como anillo al dedo a la presidenta.

No porque la Rosario Castellanos se encuentre completamente vacía, pues ya cuenta con una matrícula considerable, sino porque el Gobierno federal pretende aumentar sustancialmente el número de estudiantes en los próximos años. De modo que canalizar hacia ella a una parte de quienes no logren entrar a la UNAM podría ayudar a engordar, con mayor rapidez, una de las apuestas educativas predilectas de la presidenta.

Dicho de otra manera: lo que comenzó como un problema para la UNAM puede terminar convertido en una oportunidad para que el Gobierno presuma el crecimiento de la Rosario Castellanos.

Hay problemas que al poder le llegan disfrazados de solución.

Conviene aclarar, porque hasta en las promesas educativas se revuelven los nombres, que la Universidad Rosario Castellanos fue creada originalmente durante la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y posteriormente transformada en una institución nacional.

Las cien universidades que prometió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador correspondían a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Ese es otro proyecto, con otros planteles, otros resultados y, seguramente, material suficiente para otro retazo.

La Rosario Castellanos sí ofrece estudios de licenciatura y posgrado. Por lo tanto, la discusión no debería reducirse a si entrega títulos técnicos o profesionales, sino a algo mucho más importante: si su crecimiento acelerado estará acompañado de profesores suficientes, infraestructura adecuada, programas académicos sólidos y verdadera calidad educativa.

Porque una cosa es llenar salones y otra formar profesionistas.

Ya que hablamos de títulos, grados y certificaciones, viene a la memoria una ministra que actualmente forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo historial académico ha provocado más preguntas que respuestas y que, de acuerdo con el nuevo sistema, está llamada a ocupar una posición relevante dentro del máximo tribunal del país.

¡Válgame Dios! Todo ello a pesar de sus amplios conocimientos, sus conocidas pifias y esa pasmosa rapidez con la que, en ocasiones, parece impartirse justicia al más alto nivel.

Ahí se las dejo para que piensen a quién me refiero.

Por otro lado, está la discusión relacionada con los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias.

El tema es, sin duda, un arma de dos filos, tanto para el Gobierno como para los particulares y los medios de comunicación.

Es cierto que no toda la información que se publica cuenta siempre con el fundamento o la veracidad necesarios. También es cierto que aquello que se transmite va formando una opinión entre quienes lo escuchan, lo leen o lo ven.

Pero al final corresponde al receptor valorar la información, analizar de quién proviene, contrastarla y decidir si le concede credibilidad. La intervención del Estado en esa tarea puede resultar innecesaria y, peor todavía, peligrosa cuando no existen contrapesos suficientemente sólidos.

Después de todo, una opinión sigue siendo una opinión.

Aquí se puede hacer un símil con los enormes archivos de información que manejan las agencias de investigación en Estados Unidos. Ese tipo de registros puede resultar extraordinariamente útil cuando se necesita identificar o localizar a una persona, auxiliar en una investigación criminal, reconocer a víctimas de algún accidente o encontrar a personas desaparecidas.

En México sabemos perfectamente lo importante que sería contar con sistemas mucho más amplios y eficientes para esos propósitos. La identificación mediante huellas, registros genéticos, piezas dentales y otras herramientas de la criminalística puede significar, incluso, la diferencia entre que una familia encuentre a un desaparecido o permanezca durante años sin respuesta.

Para eso sirve la tecnología.

El problema comienza cuando los instrumentos creados para identificar, organizar información o dar seguimiento a determinadas situaciones pueden utilizarse para propósitos distintos de aquellos que justificaron originalmente su existencia.

Una cosa es contar con información para localizar a alguien o combatir un delito y otra muy distinta utilizar datos para construir perfiles de ciudadanos, conocer sus preferencias o, eventualmente, ejercer algún tipo de presión sobre ellos.

Y tratándose de cuestiones electorales, la suspicacia resulta inevitable.

Como alguna vez me dijeron: “piensa mal y acertarás”.

No afirmo que necesariamente vaya a ocurrir, pero cuando una autoridad acumula información sobre los ciudadanos siempre debe existir una pregunta adicional: ¿quién vigila al que vigila?

En términos de criminalística podríamos decir que una ficha tiene una finalidad específica y que la tecnología ha cambiado enormemente la investigación y el derecho penal. En muchos aspectos para bien, aunque también existen terrenos donde el avance tecnológico comienza a chocar con otros derechos, como la privacidad, la protección de datos o incluso los derechos de autor.

Por eso decía que se trata de una navaja de doble filo.

La información también debe admitir cierta reciprocidad. Si el ciudadano puede ser observado, registrado o cuestionado por la autoridad, también debe tener mecanismos para conocer qué hace esa autoridad, cómo utiliza la información y ante quién puede presentar una queja cuando considere que se ha cometido un abuso.

Y esto nos lleva nuevamente al terreno de la comunicación.

Porque en la famosa mañanera también se ofrece información que, en ocasiones, carece del fundamento necesario. Desde ese espacio se emiten señalamientos, descalificaciones y hasta amenazas más o menos subliminales contra personas en particular.

Se supone que eso no debería ocurrir, especialmente cuando proviene de quien encabeza el Estado y cuenta con mayores elementos de juicio e información que el resto de la población.

Como se dice vulgarmente: “el que se lleva, se aguanta”.

La diferencia es que una persona común puede responder con los medios que tiene a su alcance, mientras que el Gobierno dispone de una conferencia diaria, recursos públicos, difusión nacional y todo el aparato del Estado.

Por eso, el golpe no lastima de la misma manera a uno que a otro.

La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes reconocidos por nuestra Constitución, y no desde ahora, sino desde siempre. Tiene límites cuando se convierte en insulto, difamación o ataque directo contra los derechos de otras personas, pero esos límites también deben respetarse por parte del Estado, con mayor razón que por cualquier ciudadano.

Tan importante es el asunto que hasta sectores de la Iglesia católica se han pronunciado sobre los riesgos que puede representar cualquier intento de limitar la libertad de expresión.

Libertad, sí; responsabilidad, también.

Pero nunca una verdad oficial decretada desde el poder.

Saludos desde mi trinchera.