La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera en México. El proyecto legislativo propone incorporar formalmente a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al pleno de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). Las tres dependencias contarán con facultades para evaluar, sancionar o vetar proyectos de capital foráneo que representen presuntos riesgos a la soberanía nacional.

El dictamen contempla además la integración de invitados permanentes con voz pero sin voto, entre los que figuran la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La intención del Ejecutivo es robustecer el análisis técnico preventivo sobre adquisiciones y transferencias de activos estratégicos.

Sectores sujetos a revisión previa

La reforma establece como requisito obligatorio obtener el fallo favorable de la Comisión para aquellas empresas de capital extranjero que busquen adquirir más del 49% de las acciones en compañías mexicanas cuyos activos superen ciertos montos determinados, siempre que operen en áreas sensibles:

• Infraestructuras estratégicas: sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, minería, centros de datos y sector aeroespacial.
• Tecnologías críticas y de doble uso: desarrollo de inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad y tecnologías cuánticas o biotecnología.
• Insumos básicos y datos: abasto de materias primas clave, redes de seguridad alimentaria y gestión de bases de datos personales sensibles.

Sanciones por incumplimiento

La propuesta presidencial plantea un endurecimiento en las penas administrativas. En casos donde una sociedad concrete la cesión o venta de acciones a extranjeros habiendo recibido una resolución negativa o sin haber tramitado el permiso previo, la autoridad podrá fijar multas de 5,000 hasta 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de canalizar posibles conductas ilícitas ante el Ministerio Público.