ENTRE DOGMAS Y DESMADRES

En México hemos descubierto una forma extraordinaria de gobernar, cuando la realidad no funciona, se reforma la Constitución. Si falta seguridad, se legisla; si escasean los medicamentos, se reconocen derechos; si la justicia tarda, se reorganizan los tribunales; todo problema nacional parece tener una solución infalible, cambiarle unas palabras a la ley y esperar que el país, por vergüenza, empiece a funcionar.

El pasado septiembre, el Gobierno de la República presumió la aprobación de 27 reformas constitucionales y 76 legales en dos años, 103 modificaciones presentadas como evidencia de una transformación profunda. No es poca actividad legislativa, desde luego, pero convendría recordarles a nuestros gobernantes que el Congreso no es una fábrica de milagros y que las leyes no producen resultados por el simple hecho de publicarse.

Hemos convertido al Diario Oficial de la Federación en una especie de agua bendita burocrática. Se publica una disposición, se pronuncia un discurso solemne, se aplaude la voluntad popular y se declara inaugurada una nueva etapa histórica. Después, cuando los problemas continúan, descubrimos que faltaba otra reforma, pero siempre falta otra reforma. La Constitución mexicana comienza a parecerse a esos pacientes que llevan décadas entrando al quirófano sin que nadie se atreva a preguntar si el médico sabe lo que está haciendo. Cada gobierno encuentra algo que extirpar, corregir o trasplantar. Todos aseguran que ahora sí llegará la cura definitiva, aunque el enfermo siga esperando en urgencias.

Lo inquietante no es reformar, pues las constituciones deben adaptarse y algunas transformaciones pueden ser necesarias. Lo inquietante es convertir la cantidad de reformas en una medalla política, como si gobernar consistiera en acumular decretos y no en mejorar la vida de quienes deben cumplirlos. Y mientras absolutamente todo se legisla, casi nadie sabe qué se aprobó, dónde se publicó o cómo demonios consultar la ley. El ciudadano está obligado a conocer hasta la última ocurrencia legislativa, mientras quienes la aprobaron difícilmente podrían explicar su contenido, eso sí, ignorar la ley no exime de cumplirla; redactarla sin entenderla, aparentemente, tampoco impide cobrar por hacerlo.

Porque una cosa es escribir que todos tenemos derecho a la salud y otra conseguir una cita médica. Una cosa es proclamar el acceso a la justicia y otra encontrar tribunales capaces de resolver oportunamente. Una cosa es garantizar seguridad y otra salir de casa sin miedo. El papel soporta todas las promesas; los ciudadanos, no necesariamente.

Hay, además, una perversión particularmente mexicana, que confundimos la legalidad con la legitimidad y las mayorías parlamentarias con la sabiduría. Que una reforma reúna los votos necesarios demuestra que pudo aprobarse, no que sea justa, conveniente o eficaz. También las decisiones equivocadas o sínicas pueden cumplir escrupulosamente con el procedimiento legislativo.

Montesquieu entendió que el poder necesitaba límites precisamente porque sus buenas intenciones nunca fueron garantía suficiente. Nosotros, en cambio, hemos desarrollado cierta fascinación por quienes prometen transformar las instituciones mientras concentran las decisiones sobre su destino. Se nos pide celebrar cada modificación como una victoria histórica, cuando lo verdaderamente democrático sería poder discutirla sin que la discrepancia pareciera una declaración de guerra.

Y aquí aparece la ironía, tener un gobierno que presume haber cambiado las reglas del país debería aceptar con entusiasmo que se les exijan resultados conforme a ellas. Pero la discusión pública suele quedar atrapada entre quienes consideran toda reforma una bendición y quienes la juzgan una catástrofe. Mientras unos reparten certificados de patriotismo y otros anuncian el apocalipsis, la pregunta esencial se pierde entre los aplausos y los gritos: ¿qué mejoró realmente?

México no necesita una Constitución intocable, pero tampoco una que funcione como pizarrón de campaña. Los derechos no se vuelven efectivos porque aparezcan escritos con letras solemnes, ni las instituciones se fortalecen necesariamente cuando alguien modifica su estructura. Una transformación auténtica no se mide por lo que promete el poder, sino por aquello que deja de padecer la gente.

Quizá algún día entendamos que reformar no es sinónimo de gobernar, que publicar no equivale a cumplir y que la historia no se escribe únicamente desde una tribuna legislativa. Hasta entonces, seguiremos habitando un país maravilloso donde los problemas sobreviven a todos los sexenios, pero las temidas soluciones se publican puntualmente en el Diario Oficial.

Aquí termina el texto… pero no el autor, que sigue latiendo y rebelándose: Pepe.