(Audio por: Juan Pablo Mangino Mercadillo) Francisco Isaías Lemus Paz
Después de un periodo más largo que corto, estamos de vuelta, para que usted, querido y sabio lector, y yo hagamos más de algún coraje juntos. En esta ocasión, dadas las circunstancias político-electorales y financieras en las que nos encontramos como país hoy en día, hablaremos sobre la deuda de las entidades federativas de nuestra nación, ojo, lo haremos únicamente de la deuda de corto plazo, pues para fines de esta columna es la que mayor peso tiene.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) es muy puntual y enfática al estipular que la contratación de cualquier tipo de deuda (de largo o corto plazo) debe ser notificada y registrada en un Registro Público Único (RPU), ya que esta información será una de la principales variables a considerar en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adicionalmente, nuestra Constitución nos dice que «Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura”, punto en el que abonaré más adelante.
En estas elecciones, mismas que serán celebradas el 6 de junio de este año, se elegirán, entre muchos más, 15 gobernadores. Sin embargo, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), las entidades deberán liquidar sus saldos correspondientes a la deuda de corto plazo, a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses, esto con la finalidad de tener mayor control sobre las finanzas estatales puesto que un endeudamiento descontrolado a corto plazo durante los últimos meses de una administración podría responder a cuestiones político electorales, corrupción, comprometer la flexibilidad financiera de las nuevas administraciones, entre otros.
Al cierre del 2020, un total de 21 entidades federativas acumulaban saldos de deuda de corto plazo y, según la información reportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto total era de 35,288 millones de pesos. Ahora bien, como he comentado ya en otras columnas el hecho de tener deuda no siempre es malo, así como existe la deuda mala también lo hace la buena, esta última es catalogada así cuando ese financiamiento es utilizado en desarrollo de infraestructura o inversión, caso contrario lo es el que dichos recursos sean utilizados para cubrir deficiencias financieras y terminen en gasto operativo, recurrente o administrativo.
En esta ocasión, o por lo menos al cierre del 2020, Aguascalientes; Campeche; Chiapas; CD.MX.; Guanajuato; Hidalgo; Estado de México; Oaxaca; Puebla; Querétaro y Tlaxcala fueron las entidades que no presentaron montos de deuda de corto plazo, sin embargo, es de extrañarse que entidades como Chiapas y Oaxaca no tengan saldos de deuda, esto porque por lo general son estados que pueden encontrarse entre aquellos con montos altos contratados.
Por otro lado, de las 21 entidades federativas que presentaron saldos de deuda de corto plazo al cierre del 2020, Nuevo León destaca por tener el monto más alto reportado, 4,455.4 millones de pesos (mdp), seguido de Chihuahua, Guerrero y Baja California, estados que presentaron montos de 3,229.9; 2,590.0 y 2563.7 mdp, respectivamente. En contraste, Baja California Sur; Morelos y Sinaloa presentan los menores montos de deuda contratados, 600.0; 175.0 y 25 mdp, respectivamente.
Haciendo el cruce de la información, de las 21 entidades con montos de deuda a corto plazo, únicamente 12 de ellas tendrán elección a gobernador. En este sentido, del total de los estados que tendrán elecciones destaca Nuevo León con el mayor monto, pues al cierre del 2020 presentaba un saldo de deuda de 4,455.4 mdp. En esta misma línea, le siguen Chihuahua, Guerrero y Baja California, con montos de 3,229.9, 2,590.0 y 2,563.7 mdp.
En contraste, Colima, Nayarit, Baja California Sur y Sinaloa (cumpliendo con los dos criterios, elecciones y deuda de corto plazo) presentan los menores montos, siendo todos estos menores a los 1,000 mdp y, siendo Sinaloa el único de estos estados que presenta montos menores a 100 mdp, siendo de 25 mdp únicamente.
Por último, debemos hacer hincapié en que, cumpliendo lo estipulado por la LDFEFM, los estados que tienen elecciones deberán de liquidar sus montos de deuda a corto plazo, esto a más tardar tres meses antes de concluir su administración. El caso de Nuevo León es de alarma ya que es quien presenta el mayor monto. Ahora bien, la crisis económica y de salud derivadas de la pandemia generada por la COVID-19 ha obligado a muchos estados a contraer deuda para poder mitigar todas estas externalidades negativas, pero por lo mismo, la flexibilidad de las finanzas públicas se ha mermado y se deberá eficientar el gasto, así como poder aumentar la recaudación sin poner en aprietos a la ciudadanía, habremos de ver que acciones se toman para logarlo.
*Lector, si quieres dar seguimiento de manera personal, te recomiendo acceder a este LINK, podrás tener toda la información respecto al nivel de deuda de cada entidad federativa.
