Por Arturo Damm Arnal
Antes de echarle porras al gobierno, a cualquier gobierno, y mucho antes de volverse incondicional de alguno, hay que tener claro cuáles son sus poderes, y lo que estos representan para la libertad individual y la propiedad privada, sobre todo cuando caen en manos poco escrupulosas como lo son, por lo general, las de los políticos.
Tres son los poderes esenciales del gobierno: obligar, prohibir y castigar, mismos que se ejercen, siempre, contra la libertad individual y la propiedad privada, comenzando por el poder para obligar a los ciudadanos a entregarle al gobierno parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos: obligar a los ciudadanos a entregarle al gobierno parte del producto de su trabajo y castigarlos si no lo hacen.
La pregunta más importante con relación al gobierno es en qué casos se justifica que se limite o prohíba el ejercicio de la libertad y el uso de la propiedad de los ciudadanos o, dicho de otra manera, qué es lo que el gobierno debe hacer. Dicho sea de paso, los gobiernos hacen mucho más de lo que deberían hacer, por lo que limitan o prohíben el ejercicio de la libertad y el uso de la propiedad de manera injusta, violando el derecho a la libertad individual y a la propiedad privada.
Lo anterior viene a cuento porque, como respuesta a la crisis sanitaria, el gobierno prohibió primero la libertad para trabajar y el uso de la propiedad: cierre total de restaurantes. Ahora limita la libertad para trabajar y el uso de la propiedad: apertura parcial de restaurantes. ¿Para cuándo la libertad total, con sus dos erres inseparables e irrenunciables: las del riesgo y la responsabilidad?
Con relación al cierre parcial de la economía, más allá del tema de la justicia, del respeto al derecho a la libertad individual y a la propiedad privada, está el tema de la eficacia. ¿Qué tan eficaz resultó para contener la pandemia el cierre parcial de la economía, el haberles prohibido a algunos trabajar, el haberles prohibido producir, ofrecer y vender bienes y servicios, el haberles prohibido el ejercicio de su libertad y el uso de su propiedad?
Durante el primer cierre parcial de la economía, abril y mayo del año pasado, los contagios no dejaron de crecer. Nunca se domó la curva. A lo largo del segundo cierre, en la Ciudad de México y el Estado de México, que comenzó el 19 de diciembre, que originalmente iba a durar hasta el 10 de enero, y que, salvo el caso de los restaurantes, sigue vigente, los contagios y las muertes siguieron avanzando. ¿Qué tan eficaces han sido los cierres parciales de la economía para combatir la pandemia?
¿Qué hubiera pasado si no se hubiera cerrado parcialmente la economía?¿El avance de la pandemia hubiera sido más rápido: más contagiados, más enfermos, más muertos? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es: (i) que los cierres parciales de la economía no lograron contener el avance del virus; (ii) que la afectación al empleo, al ingreso, a la compra de bienes y servicios, al consumo de satisfactores, y por todo ello al bienestar de las familias, ha sido considerable; (iii) que la negligencia del gobierno, ¡comenzando por AMLO!, por no haber promovido el uso del cubrebocas, por no haber realizado pruebas suficientes, por no haber rastreado a los contagiados, por no haberlos aislado, ha sido escandalosa. Todo esto sí lo sabemos.
Parafraseando a Murray Rothbard: “es en las crisis sanitarias cuando el gobierno realmente se hace realidad: aumenta su poder, su número, su orgullo, su dominio absoluto sobre la economía y la sociedad”, sobre todo, por ejemplo, cuando pretende ser el único en aplicar el remedio. Primero prohibieron la libertad para trabajar: cierre total de restaurantes. Ahora limitan la libertad para trabajar: apertura parcial de restaurantes. ¿Cuándo la libertad total, con sus dos erres inseparables e irrenunciables: la del riesgo y la de la responsabilidad?
