Arturo Damm Arnal
No conforme con el tropezón que se dio con la contrarreforma eléctrica, que muy probablemente no pasará, ahora AMLO propone la contrarreforma petrolera, cuya intención es devolverle a PÉMEX el monopolio de todo lo relacionado con hidrocarburos, partiendo del prejuicio de que los sectores estratégicos de la economía deben estar en las manos exclusivas del Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno, lo cual es un error: precisamente por ser sectores estratégicos, que proveen de bienes y servicios al resto de las actividades económicas, tal y como es el caso de la industria de la energía, tanto por el lado de la electricidad, como del petróleo, provisión que debe ser, en apoyo a la competitividad de las empresas, lo más competitiva posible –al menor precio posible, con la mayor calidad posible, con el mejor servicio posible–, lo cual se logra gracias a la competencia, no al monopolio, mucho menos al gubernamental. Con la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos AMLO pretende lo contrario: devolverle a PÉMEX el monopolio de todo lo relacionado con los hidrocarburos, lo cual resulta, tal y como fue el caso de la contrarreforma eléctrica, desde inconstitucional hasta violatorio del T-MEC, por lo que deberá correr la misma suerte que la contrarreforma eléctrica.
Las reformas propuestas a la Ley de Hidrocarburos abren la puerta a expropiaciones de facto, lo cual, sobre todo en estos momentos, en los cuales debemos atraer el mayor flujo posible de inversiones directas, tanto nacionales como extranjeras, que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, es veneno puro, por la mayor inseguridad que genera entre los empresarios.
Muestra de lo anterior son las modificaciones propuestas al Art. 57, en el cual se establecería que “en relación con los permisos a que se refiere esta Ley, la autoridad que lo (sic) haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros”, y que “para la continuidad en la operación de las actividades que ampara el permiso, la autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas”.
¿Qué quiere decir lo anterior? Dejo que nos lo explique el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO: que las dependencias que los expidieron, la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, “podrán suspender los permisos a empresas de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación y exportación de hidrocarburos si, a su juicio, existe un peligro para la seguridad nacional, energética o para la economía”, y que “ Pemex se podrá hacer cargo de la administración y operación de las instalaciones de empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos, haciendo uso incluso de su personal, lo que representaría un acto de expropiación directa”.
¿Qué tenemos? Más inseguridad jurídica, porque a priori no hay manera de saber, dado que dependerá del juicio de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, en qué condiciones el que empresas privadas que producen, procesan, transportan, almacenan, expenden, importan y exportan hidrocarburos, ocasionan peligros para la seguridad nacional, energética o económica, todo lo cual puede ser utilizado como pretexto para expropiar de facto y devolverle a PÉMEX el monopolio de todo lo relacionado con los hidrocarburos, desde su producción hasta su venta.
La propuesta de contrarreforma petrolera de AMLO implica no reconocer plenamente, no definir puntualmente, y no garantizar jurídicamente, los derechos de los agentes económicos a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo. Implica convertir, en el ámbito de la economía, al Estado de Derecho en Estado de chueco. Implica algo muy grave.
