28 de marzo de 2024 2:48 am
OPINIÓN

De Economía y otras cosas

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Arturo Damm Arnal

Carlos Lomelí y Alberto Uribe, candidatos morenistas a puestos de elección popular en Jalisco, han dicho, y cito textualmente, que “si ganamos acabaremos con UBER y DiDi”, promesa de campaña que, más que promesa de campaña, es una amenaza en contra de la libertad individual y la propiedad privada, que además, para empezar, es inconstitucional.

Leemos, en el Art. 5 de la Constitución, que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos…”, y lícito es, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo que se da “según justicia y razón”. ¿Tiene algo de injusto, o de irracional, ofrecer los servicios que ofrecen UBER y DiDi? ¿Hay manera de encontrarle lo ilícito a UBER y DiDi?

Además de inconstitucional la propuesta es contraria al progreso económico, definido como la capacidad para producir y ofrecer más (dimensión cuantitativa), y mejores (dimensión cualitativa), bienes y servicios, para un mayor número de gente (dimensión social), y eso, la capacidad para ofrecer de mejor manera el servicio de trasporte, es lo que aportan UBER y DiDi, en beneficio de los consumidores.

Además de inconstitucional, y de ser contraria al progreso económico, la propuesta de los morenistas es contraria a los procesos de destrucción creativa (el concepto es de Schumpeter), relacionados con la dimensión cualitativa del progreso económico, con la capacidad para producir y ofrecer mejores satisfactores, mejores maneras de satisfacer necesidades, precisamente lo que hacen UBER y DiDi, con el beneplácito de todos los consumidores que utilizan su servicio. ¿Por qué será?

Los procesos de destrucción creativa consisten en que, en los mercados, por el lado de la oferta (el otro lado del mercado es el de la demanda), lo bueno sustituye a lo malo, lo mejor sustituye a lo bueno, y lo excelente sustituye a lo mejor, a lo largo de un proceso de mejora continua que parece, gracias a la empresarialidad, a la capacidad para inventar mejores maneras de satisfacer necesidades, no tener fin, siempre en beneficio de los consumidores, y por lo tanto de las empresas, que se benefician solo si benefician a los consumidores con la trilogía de la competitividad: menores precios y/o mejor servicio y/o mayor calidad.

Para que se den los proceso de destrucción creativa, y por lo tanto la dimensión cualitativa del progreso económico, debe permitirse que lo bueno sustituya a lo malo, lo mejor a lo bueno, y lo excelente a lo mejor; debe permitirse la competencia entre productores y oferentes; debe respetarse la libertad para producir, ofrecer y vender; debe respetarse el derecho a la libertad para trabajar, invertir y emprender, lo cual nos remite nuevamente al Art.5 constitucional, que es muy claro: “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos…”. Prohibir trabajos lícitos es, desde el punto de vista de la ética, injusto y, desde el punto de vista de la economía, ineficaz.

¿Quiénes se oponen a los procesos de destrucción creativa? Quienes se ven amenazados por las nuevas formas de competencia. ¿Cómo pueden conjurar la amenaza? Convenciendo al gobierno para que las prohíba (capitalismo de compadres). ¿A cambio de qué? De incondicionalidad política (votos). ¿Quiénes salen perjudicados? Los consumidores, a quienes les conviene la mayor competencia posible, en todos los sectores de la actividad económica, en todos los mercados de la economía, a quienes les convienen nuevas formas de competencia, es decir, mejores maneras de satisfacer sus necesidades. Se llama progreso.

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