Arturo Damm Arnal

AMLO está convencido que los sectores estratégicos de la economía deben estar en las manos exclusivas del Estado, que deben ser monopolios gubernamentales.
En México basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley, en la que se diga que el sector X de la actividad económica es estratégico (párrafo cuarto del Art. 28 constitucional), para que tenga que ser expropiado y gubernamentalizado (párrafo quinto del Art. 25 de la Constitución), lo cual quiere decir que el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción, necesarios para ejercer la libertad individual para producir, ofrecer y vender, no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual ocasiona una de las peores inseguridades: la jurídica.
Basta y sobra que AMLO convenza, a quien tenga que convencer en el Congreso de la Unión, para que se expida una ley, que luego él promulgaría, en la cual se diga que la producción, oferta y venta de Gas LP son actividades estratégicas, para que tengan que expropiarse y gubernamentalizarse (ésta, gubernamentalizar, no nacionalizar, es la palabra correcta).
¿Qué podría llevar (más allá de la creencia de AMLO de que los sectores estratégicos de la economía deben ser monopolios gubernamentales, y más allá de que basta y sobra que se promulgue una ley, en la cual se diga que el sector X de la actividad económica es estratégico, para que tenga que expropiarse y gubernamentalizarse), a la expropiación y gubernamentalización de la industria del Gas LP? Las consecuencias del control de precios.
El gobierno ha fijado un precio máximo para el Gas LP, por arriba del cual ningún productor debe ofrecer. ¿Qué pasa si a ese precio hay oferentes que no recuperan su costo de producción, incurriendo en pérdidas? Primera posibilidad: que surja un mercado negro, en el cual el Gas LP se ofrezca y venda a un precio mayor al oficial. Segunda: que el gobierno subsidie a los oferentes que, con el precio máximo, pierden. Tercera: que los productores, que al precio máximo no recuperan su costo de producción, dejen de ofrecer, lo cual genera escasez, que presiona los precios al alza.
Supongamos que se da la tercera posibilidad, la que genera escasez, y que el Gas LP empieza a escasear, con las consecuencias que ello tendría sobre el bienestar de las familias. En tal caso, ¿qué sería lo correcto? Eliminar el precio máximo, para volver a los precios acordados entre ofertes y demandantes, y no mantener el fijado por el gobierno, lo cual implicaría que el gobierno reconociera su error y lo enmendara, algo que muy probablemente no sucedería.
De no hacer lo correcto, ¿qué otra cosa podría hacer el gobierno? Expropiar la industria del Gas LP, argumentando que, como los privados fallaron, y por ser el Gas LP un bien indispensable, el gobierno debe sustituirlos, y para ello ya está lista Gas Bienestar, una empresa “del pueblo”, cuya tarea es vender Gas LP a precios accesibles.
Si ese fuera el caso (el paso de la fijación del precio máximo a la expropiación y gubernamentalización), se confirmaría lo que siempre señaló el economista austríaco Ludwig von Mises: que una “pequeña” intervención del gobierno en la economía (la fijación del precio máximo), si no se corrige a tiempo (la eliminación del precio máximo), lleva a mayores intervenciones (la expropiación y gubernamentalización).
La fijación del precio máximo al Gas LP, ¿será plan con mañana, con la intención de llegar a la expropiación y gubernamentalización, sobre tomando en cuenta la creencia de AMLO de que los sectores estratégicos deben ser monopolios gubernamentales, siendo todo lo relacionado con el Gas LP, como todo lo relacionado con la industria de la energía, estratégico? ¿Será?










Un comentario
creo que el gas como el petroleo y la energia electrica, son indispensables en cualquier sociedad moderna, al conrolarlas se controla todo