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8 de diciembre de 2021
La decisión de los empresarios para invertir directamente depende, de manera importante, de la seguridad jurídica, que depende, para empezar, de que el gobierno respete las leyes, conviniendo que sean justas, que reconozcan plenamente, definan puntualmente y garanticen jurídicamente los derechos de las personas...
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Arturo Damm Arnal

Una de las tareas esenciales del gobierno es proporcionar seguridad jurídica, condición necesaria para lograr progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa), y mejores (dimensión cualitativa), bienes y servicios, para un mayor número de gente (dimensión social), capacidad que depende de la decisión de los empresarios para invertir directamente, inversiones directas que producen bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades, producción con la que se mide el crecimiento de la economía; que crean empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar; que generan ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga, empleos e ingresos de los que depende el bienestar de las familias.

La decisión de los empresarios para invertir directamente depende, de manera importante, de la seguridad jurídica, que depende, para empezar, de que el gobierno respete las leyes, conviniendo que sean justas, que reconozcan plenamente, definan puntualmente y garanticen jurídicamente los derechos de las personas, en general, y de los empresarios, en particular, el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender.

Uno de los problemas que enfrentamos en México, desde la llegada de AMLO al gobierno, es la falta de seguridad jurídica, tal y como lo vemos con todo lo relacionado con la contrarreforma eléctrica que tiene como objetivo darle a la CFE, por el lado de la oferta, el monopolio: sólo ella podrá vender electricidad; por el lado de la demanda el monopsonio: sólo ella podrá comprar electricidad; otorgarle la capacidad de determinar las condiciones del mercado; concederle la capacidad de autorregularse, todo lo cual deberá de ser aprobado por el Congreso de la Unión, nada de la cual debería ser aprobado por los legisladores, a quienes AMLO ya acusó de traidores a la patria si no aprueban los cambios constitucionales necesarios para poder llevar a la práctica su contrarreforma eléctrica. O piensan como él, y hacen lo que él quiere, o son traidores a la patria.

Además de lo anterior dijo que, si el Congreso no acepta que el litio sea de dominio exclusivo de la Nación, es decir, del gobierno en turno, su gobierno no otorgará ninguna nueva concesión a los particulares para su explotación, lo cual es grave por lo que supone: lo importante es lo que AMLO quiere, no lo que la ley diga, y si la ley dice algo que AMLO no quiere, puede más éste que aquella. ¿De qué se trata? De inseguridad jurídica, la peor inseguridad que puede padecerse en un país.

Todo lo anterior confirma que AMLO quiere construir un régimen monocrático (el gobierno de uno), autocrático (el gobierno de uno en función, no de la ley, sino de sus deseos), totalitario (que lo abarque todo, desde la economía hasta la moral), de corte populista (justificando todo porque todo es en beneficio del pueblo, no necesitándose más justificación que ésta), regimen en el cual no hay seguridad jurídica, condición necesaria para lograr progreso económico gracias a las inversiones directas de los particulares que, de ahuyentarse, nunca pueden ser sustituidas por las inversiones del gobierno y lograr, en términos de precio, calidad y servicio, los mismos resultados.

Una de las tareas esenciales del gobierno es proporcionar seguridad jurídica. El gobierno de la 4T está haciendo exactamente lo contrario: generando inseguridad jurídica, lo que al final de cuentas afectará el bienestar de las familias.

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