Rodrigo Saval Pasquel
A solo algunos días de comenzar el 2022, no es muy complicado entender que lo que busca el partido en el poder es perpetuarse de manera transexenal en el mismo. Han sido tres años de negligencias, desastres, escándalos, incongruencias, y un sinfín de actividades criminales que con el pasar de los años lo único que han logrado es la construcción de una maquinaria electoral alimentada continuamente por apoyos gubernamentales, y el debilitamiento de Instituciones que tienen como objetivo limitar el poder político al marco legal. Sin embargo, en ninguna etapa de esta terrible gestión se ha llegado a un punto tan indignante como lo sucedido hace algunos días.
La semana pasada, el régimen y sus lacayos lanzaron una campaña de desprestigio al Instituto Nacional Electoral como respuesta a la decisión que tomó el órgano de posponer la innecesaria y costosa consulta de Revocación de Mandato hasta contar con el presupuesto requerido. Para millones de mexicanos y mexicanas, el INE representa el bastión que protege a nuestra democracia del fantasma del autoritarismo que desde 2018 ronda activamente los pasillos de Palacio Nacional. Por lo que considero —y espero— que la resistencia civil —con mi participación incluida— sea suficiente para evitar el desprestigio y debilitamiento que la cúpula guinda busca imponerle para someterlo a sus caprichos.
Aun así, no dejo de pensar que lo anterior nos distrae de otra desgracia que de manera paralela se propicia sin resistencia alguna, otro golpe mortal a nuestra democracia. Se puede afirmar que el INE representa el pilar fundamental desde donde se construye nuestra organización democrática, por lo que me parece poco probable que la población permita su destrucción, y que el titular del Ejecutivo se arriesgue a tanto. Sin embargo, la institución que a mi opinión funciona como el termómetro de nuestro país, está a punto de atrofiarse y a nadie parece importarle.
Al mismo tiempo que se llevó a cabo el asedio contra el INE, se anunció que a partir del 1º de enero, Graciela Márquez Colín—ex Secretaria de Economía e incondicional del Presidente de la República—asumirá las riendas del INEGI. Por lo que peligra la única fuente de información sin sesgo oficialista que tiene nuestro país.
Actualmente, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la autonomía técnica y de gestión del INEGI. No obstante, el movimiento político de sembrar a un títere en esta institución anula de manera fáctica el objetivo que tenía la ley para evitar injerencias políticas en su funcionamiento o en la publicación de información oficial, por lo que esta maniobra permite al inquilino de Palacio que sus “otros datos” se vuelvan “los datos”.
El poder que conlleva el control de esta institución representa una estocada mortal para la transparencia y el debate público, ya que aunque de manera diaria con mentiras se anuncia que la corrupción y la pobreza han terminado, este cambio permitiría al anfitrión de las mañaneras “sustentar” sus dichos con información “oficial”, por lo que se nos arrebata a las y los ciudadanos la oportunidad de evaluar la certeza de sus ocurrencias, y a las autoridades federales les permite maquillar cifras y datos a su conveniencia.
¿Cómo podemos evitar esta desgracia? Ya es demasiado tarde. Queda esperar a que su nueva titular entienda la gravedad del asunto, y en un acto de patriotismo decida cortar el cordón político que la obliga a obedecer. Como ciudadanas y ciudadanos, lo que sí podemos hacer es exigirle directamente de manera activa el estricto apego a la ley, y más importante, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en una constante labor de recolección de datos y estadísticas, ya que la única alternativa viable será la construcción de un sistema paralelo al oficial que permita analizar el estado real de nuestra nación y su gente.
Aprovechando que mañana es Noche Buena, también les quiero agradecer su lectura y desearles unas felices fiestas.
