Aquel que defiende su interés, su dignidad y sus derechos, tiene más valor que el sumiso y abyecto que se doblega ante cualquiera…
Macraf
La debilidad de una Corte tiene impactos significativos en el desarrollo económico de un país. La fortaleza de las instituciones públicas y la estabilidad política son esenciales para fomentar la confianza de los inversionistas y garantizar un entorno propicio para el crecimiento económico. En este contexto, el poder judicial desempeña un papel crucial al brindar certeza jurídica, y cualquier debilitamiento de este poder puede tener consecuencias graves.
Uno de los riesgos económicos asociados con una Corte débil es el retraso en la llegada de nuevas inversiones. Los inversionistas buscan seguridad jurídica para proteger sus intereses y garantizar que sus derechos sean respetados. Un poder judicial robusto es fundamental para resolver disputas de manera justa y eficiente, lo que contribuye a crear un ambiente favorable para los negocios. La falta de confianza en la protección de los derechos y la aplicación imparcial de la ley puede llevar a que los inversionistas eviten comprometerse con el país, afectando negativamente el flujo de inversiones necesarias para el desarrollo económico sostenible.
La violación de derechos laborales también juega un papel crucial en la generación de desconfianza. Cuando se eliminan fideicomisos que benefician al personal operativo del poder judicial, se envía un mensaje de inseguridad y falta de protección a los derechos adquiridos. Este tipo de medidas pueden afectar tanto a la población como a los inversionistas, creando un clima de incertidumbre que perjudica la estabilidad económica. La aceptación implícita de la eliminación de fideicomisos puede sentar un precedente peligroso. Si se permite que esto suceda en el poder judicial, podría abrir la puerta a acciones similares en otros sectores y con otros trabajadores, lo que impacta en el entorno laboral del país.
En cuanto a los recursos involucrados, la comparación con otros sectores resalta la magnitud del impacto. Mientras que el gobierno del hijo predilecto de Macuspana puede obtener poco más de 15 mil millones de pesos mediante la eliminación de fideicomisos en el poder judicial, este monto es apenas un 2.76% de lo manejado por el gobierno de la 4T. Además, es significativamente menor a los más de 99 mil millones de pesos manejados por la Secretaría de la Defensa Nacional, destinados a diversas áreas, incluyendo servicios, obra pública y equipo militar.
El hecho de que el gobierno del tabasqueño maneje fideicomisos que ascienden a 557,712.0 millones de pesos, que dicho sea de paso tuvieron un incremento de 89,379.2 millones de pesos, 11.7% real más respecto de las registradas al mismo periodo de 2022, destaca la contradicción en las acciones del tabasqueño. Estos recursos podrían ser asignados de manera más equitativa para abordar las necesidades críticas sin comprometer la estabilidad del poder judicial, pero prefiere usarlos en sus obras faraónicas sin sentido ni beneficio.
En conclusión, toda acción que debilite a la Corte no debe interpretarse como un esfuerzo por lograr una verdadera justicia, sino como una confrontación con un poder que se niega a someterse ciegamente a la voluntad del hijo predilecto de Macuspana. La separación de poderes y el equilibrio entre ellos son fundamentales para preservar la democracia y evitar la concentración excesiva de poder. La resistencia del poder judicial a someterse al morador de palacio es un indicador de que aún en este maltrecho sistema, hay algo que funciona como un contrapeso, que protege los derechos de las personas y la estabilidad del país a largo plazo. Hay que apoyar a la corte y condenar cualquier intento de debilitar los pocos contrapesos que existen, de no hacerlo, puede tener consecuencias perjudiciales para la economía y la sociedad en su conjunto.
