Por Jorge Molina Larrondo
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Una vez que la semana pasada se anunció la conformación del panel que habrá de determinar el caso del maíz transgénico en el marco del TMEC, las autoridades responsables en Canadá, Estados Unidos y México deberán recibir el reporte preliminar entre el 20 de marzo y el 19 de abril del 2024, a menos que el propio panel solicite tiempo adicional. Y a partir de su recepción, los tres países tendrán siete días naturales para presentar comentarios al reporte y documentos adicionales que apoyen su postura, de manera que el reporte final se emita a los 30 días naturales de la publicación del reporte preliminar.
A Estados Unidos le interesa que el panel termine su trabajo lo más pronto posible. Este es un caso que sentará precedentes en todo el mundo con implicaciones para las exportaciones de su producto agrícola más importante. Además, el reporte final se espera en las últimas semanas de las elecciones primarias, días antes de conocer a los candidatos a la presidencia del 2024 en Estados Unidos y de las elecciones en México.
De acuerdo con la solicitud para la conformación del panel enviada el pasado 17 de agosto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (o USTR como se le conoce en inglés), el panel tiene que analizar dos grandes temas. Primero, por qué el gobierno mexicano no presentó ninguna evidencia científica que apoye la restricción a las importaciones de maíz transgénico -de acuerdo con lo que indica el artículo seis del capítulo nueve sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del tratado- antes de, o con la publicación del decreto del pasado 13 de febrero.
Es posible que el gobierno mexicano presente al panel estudios que indiquen que el consumo de maíz transgénico es nocivo para los humanos. Sin embargo, la pregunta es por qué no lo hizo antes de publicar el decreto en febrero, o incluso citando dichos estudios en el propio decreto. Cabe recordar que en junio, la Secretaría de Agricultura propuso al USTR elaborar de manera conjunta, estudios que apoyaran el decreto de febrero, a lo que se negó el gobierno estadounidense.
El TMEC y el Código sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC sugieren el uso de normas internacionales, cuando sea apropiado. Por ello, el panel revisará las normas, recomendaciones y directrices publicadas sobre maíz transgénico por el Codex Alimentarius, que es el organismo de la FAO que elabora y emite normas internacionales sobre bebidas, alimentos y seguridad alimentaria y serán un elemento muy importante para sus recomendaciones. El decreto no menciona al Codex y tampoco las autoridades mexicanas lo han citado en sus comunicaciones oficiales.
El segundo tema es si la restricción a la importación de maíz transgénico generada por el decreto del 13 de febrero discrimina o no en contra del maíz de Estados Unidos. Para ello, será muy importante la manera como el USTR redacte su queja para justificar una violación al artículo 11 del capítulo dos del tratado, pues en la tarifa arancelaria las importaciones de maíz sólo se clasifican por el color del maíz, no por su destino o por quien lo vaya a consumir.
En base al análisis de estos dos puntos, el panel deberá establecer la compensación que Estados Unidos reciba. En este caso, los senadores Chuck Grassley y Joni Ernst de Iowa -el principal productor de maíz en ese país- consideran que el daño es de unos US$4,000 millones, poco menos del total importado por México de Estados Unidos el año pasado. Por otra parte, la senadora Deb Fischer de Nebraska -tercer productor estatal en Estados Unidos- ha declarado que el daño debe ascender a US$20,000 millones.
Finalmente, el panel deberá considerar si el decreto del 13 de febrero afecta a los productos que incluyen granos transgénicos, como la canola de Canadá. Si así fuera, Canadá también se hará acreedor a una compensación, que también deberá ser determinada por el panel.
