Por Jorge Molina Larrondo
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Luego de poco más de tres semanas, en que las fracturas de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes impidieron elegir a un nuevo presidente (speaker) de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos, Mike Johnson (Luisiana) fue electo la semana pasada gracias al apoyo del expresidente Donald Trump. De esta manera, la cámara puede nuevamente debatir y aprobar las iniciativas de ley atoradas desde que Kevin McCarthy (California) fue removido del cargo, el pasado 3 de octubre.
La prioridad de la cámara es la aprobación del presupuesto federal, que debe ocurrir a más tardar este 17 de noviembre, o de lo contrario, todas las áreas del gobierno de Estados Unidos consideradas como no prioritarias tendrán que cerrar. A falta de consenso, el congreso podría aprobar una extensión del gasto aprobado en el presupuesto 2023 por un par de meses, en la que no se puede incluir ningún cambio.
Con menos de tres semanas para acordar el nuevo presupuesto, uno de los temas más controversiales es un paquete de ayuda a Ucrania e Israel por 106,000 millones de dólares propuesto el pasado 20 de octubre por el presidente Biden, que incluyen 14,000 millones de dólares para mejorar y fortalecer la vigilancia de la frontera con México. Este monto incluye 3,100 millones de dólares para aumentar el número de agentes destacados en la zona fronteriza, 1,400 millones de dólares en ayuda para los gobiernos estatales y 1,200 millones de dólares para equipo de detección de drogas.
Desde el año pasado, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha implementado de forma intermitente diversas medidas que han entorpecido la importación de productos mexicanos en su estado -causando pérdidas por más de 18,000 millones de dólares- argumentando que son necesarias para evitar el ingreso de drogas y migrantes ilegales. Abbott ha dicho que, a falta del muro que prometió construir Trump, la frontera requiere de un aumento sustancial en los fondos asignados para controlar a los migrantes y así permitir nuevamente la operación normal de los 28 cruces fronterizos en su estado.
Mientras que la mayoría demócrata asegura la aprobación del paquete de Biden en el Senado, las divisiones en la Cámara de Representantes no sólo ponen en duda su aprobación, sino si Johnson respetará los acuerdos presupuestales negociados en mayo entre Biden y McCarthy. El Hispanic Caucus, la coalición más importante de legisladores con raíces latinas, que incluye a 38 representantes y cuatro senadores, solicitó excluir el financiamiento para la frontera del paquete de ayuda externa para asegurar el apoyo de todos sus miembros.
La inclusión del financiamiento a la frontera en el paquete de ayuda externa de la Casa Blanca vino a profundizar la división entre los demócratas y entre los miembros del Hispanic Caucus creada por la “Ley para la Dignidad 2023” presentada en septiembre por las representantes Verónica Escobar (demócrata de Texas) y María Elvira Salazar (republicana de Florida). Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad fronteriza, crear una ruta para que los indocumentados legalizaran su situación migratoria y hacer más eficiente la expedición de visas, entre otras reformas.
Con Johnson como speaker -quien fuera uno de los legisladores que ayudaron a Trump a impugnar el resultado de la elección presidencial del 2020 y que se opone a incrementos en el gasto federal- es difícil pensar que esta iniciativa sea considerada por el pleno de la cámara. Sin embargo, refleja que hay coincidencias entre ambos partidos en el tema migratorio, a pesar de que los republicanos harán de la inmigración y de la seguridad fronteriza un tema de campaña.
Lo que importa hoy, es que si el congreso no aprueba una partida presupuestaria que incremente los fondos asignados a la frontera, seguiremos viendo los bloqueos en Texas, precisamente cuando México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos. Y en este caso, pierden los productores mexicanos, los productores estadounidenses y los consumidores de ese país.
