Las pensiones son una caja de pandora que nadie quiere abrir, pero, cuando se trata de ganar votos, hablar de ellas es una gran herramienta del oficialismo, aunque al final, no se busque arreglar realmente el problema…
Macraf
Recientemente, el hijo predilecto de Macuspana dio a conocer que presentará varias reformas constitucionales en el marco del aniversario de la carta magna el próximo 5 de febrero. Entre estas reformas, destaca la referente a pensiones. Cabe mencionar que también expresó su decisión de no asistir a Querétaro, como ha sido su costumbre en esa fecha. En mi opinión, este gesto podría interpretarse como un nuevo berrinche que busca evitar que la ministra presidenta de la Suprema Corte le robe el protagonismo, tal como ocurrió hace un año. Sin importar cuál sea la razón real, la propuesta de reforma a las pensiones del tabasqueño plantea muchas interrogantes en la sociedad mexicana. Es claro que existe un trasfondo político-electoral que no puede pasar desapercibido.
Es esencial resaltar que el partido oficial no cuenta con la mayoría necesaria para llevar a cabo cambios constitucionales, generando dudas sobre la viabilidad de la propuesta. La implementación de dicha propuesta requeriría un respaldo significativo en el ámbito legislativo, situación que en este momento parece imposible de lograr. Asimismo, resulta llamativo el timing de esta iniciativa, que se presenta en medio de tiempos electorales. Esta conexión entre la propuesta de reforma y el contexto electoral plantea incertidumbres acerca de la verdadera motivación detrás de la misma.
Lo anterior queda más claro cuando se entiende que la propuesta busca aumentar la aportación del gobierno al ahorro para el retiro, sin modificar la administración de las Afores, o al menos así lo ha dado a entender. Sin embargo, la falta de un sustento sólido respaldado por expertos y académicos, así como la ausencia de un análisis detallado de la viabilidad financiera, plantea serias dudas sobre la pertinencia y eficacia de esta reforma. En la actualidad, la aportación del Estado al ahorro para el retiro es del 0.225% del salario de cotización del trabajador, y la propuesta busca elevar dicha contribución, aunque no queda claro de dónde se obtendrán los recursos para cubrir este diferencial.
Según las proyecciones, el presupuesto destinado a pensiones alcanzaría la cifra de 1.99 billones de pesos este año, lo que ya de por sí representa un aumento significativo al compararlo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023, donde se asignaron 1.7 billones de pesos para pensiones. Esto, a su vez, representó un incremento real del 12.8% con respecto al monto aprobado en 2022. Por supuesto, esta asignación se distribuye entre pensiones contributivas y no contributivas, lo que hace aún más interesante el tema, ya que la reforma solo iría enfocada a quienes cotizan en el mercado laboral formal.
La preocupación surge al observar que el gasto público en pensiones para 2023 representaría el 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB), superando el asignado para sectores críticos como la salud y la educación. Las proyecciones para 2024 indican un aumento del porcentaje a 5.8% del PIB. Este crecimiento sostenido plantea desafíos financieros significativos, especialmente si consideramos que este año, el 22% de cada peso del presupuesto se destinará a pensiones.
Lo anterior deja claro que hace falta un diálogo más profundo con expertos y académicos, pero, sobre todo, deja en claro que el morador de palacio goza de una gran ignorancia, no solo en el tema de las pensiones, sino en cualquier otro tema económico. Esta es una ocurrencia más que incluso él sabe que no prosperará, pero que le podría ser útil a su poco carismática candidata para no perder votos.
Si bien es importante y necesario discutir sobre las pensiones, la propuesta de reforma solo genera incertidumbre porque no evalúa de manera crítica los posibles impactos y beneficios a futuro, lo que la hace ineficiente e insostenible a largo plazo y deja de lado la posibilidad de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores. Pero esto, ya lo sabe el tabasqueño. ¿Por qué insistir entonces? Muy sencillo, porque él no quiere un beneficio para los trabajadores; quiere un beneficio electoral para él.
