Por Juan G. Araque Contreras
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Dados ciertos eventos recientes en nuestro país, es crucial reflexionar sobre un tema tan complejo como la relación entre justicia y moralidad. Surge entonces una pregunta clave: ¿cuál es la relación entre justicia y moralidad cuando se contraponen? Este cuestionamiento, implica una interrelación entre el derecho, la ética y la conciencia individual de quienes participan en el sistema judicial.
La justicia, como eje fundamental del derecho, debe ser imparcial y equitativa. Sin embargo, cuando se examina este principio en profundidad, surgen dilemas éticos que desafían su aplicación objetiva. ¿Cómo puede un juez, investido con el poder de impartir justicia, separar sus convicciones morales de su labor jurídica? Esta cuestión es fundamental, ya que la moralidad personal del juez puede influir de manera significativa en el resultado de un caso, o sea la aplicación de la justicia como resultado final.
La ley, en su esencia, establece un marco normativo que busca regular la convivencia social y garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos. Sin embargo, es importante reconocer que la ley no siempre refleja necesariamente un consenso moral absoluto. ¿Qué sucede entonces cuando la ley contraviene nuestro sentido innato de lo correcto e incorrecto? En el entendido de que la moral estudia a la luz de la razón la rectitud de los actos humanos.
Aquí es donde la figura del juez y su capacidad para dictar una sentencia y realizar ponderaciones éticas en el proceso cobran relevancia. La ponderación implica sopesar diversos valores, principios y circunstancias para llegar a una decisión justa y equilibrada. En este sentido, la moralidad del juez se convierte en un factor determinante, pues influye en la interpretación y aplicación de la ley en casos concretos.
Sin embargo, es importante destacar que la moralidad del juez no debe ser utilizada como pretexto para imponer sus propias creencias personales por encima de la ley. La imparcialidad y la objetividad son pilares fundamentales del sistema judicial, y desviarse de ellos puede socavar la legitimidad de las decisiones judiciales.
Entonces, ¿cómo puede un juez encontrar el justo medio entre la ley y la moralidad en el ejercicio de su función? La respuesta radica en la aplicación de un sólido y correcto razonamiento jurídico, con el respeto absoluto a los principios fundamentales del derecho. Esto implica reconocer que la moralidad individual puede variar entre los diferentes actores del sistema judicial y que la justicia debe prevalecer sobre las opiniones personales.
Es importante señalar que la ponderación ética no implica ignorar la ley, sino más bien interpretarla a la luz de los valores que sustentan la convivencia democrática. En este sentido, el juez actúa como un intérprete sensible de la ley, capaz de aplicarla de manera justa y equitativamente en situaciones donde los imperativos morales y legales pudieran entran en conflicto.
Así mismo, es fundamental subrayar que no se pretende justificar ninguna decisión o acción específica, sino analizar este tema desde una perspectiva objetiva. En última instancia, la justicia y la moralidad están estrechamente relacionadas en el sistema judicial, pero es esencial mantener el justo medio mencionado. Los jueces, como custodios de la ley, tienen la responsabilidad de asegurar que la justicia prevalezca, incluso si eso implica confrontar sus propias convicciones morales. Solo así se puede preservar la integridad y la legitimidad del sistema judicial de manera preferente.
Finalmente, dejo lo expresado por Miguel Villoro Toranzo en su libro de “Introducción al Estudio del Derecho”: Corresponde al mérito de que las nociones morales es haber concebido al derecho como parte integrante de la dimensión moral del hombre.
