Por Hichel Atilano Gorostiola
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México en el año 2022 alcanzó la cifra de más de 100,000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, ante esta cifra la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición. En relación con esta problemática se suma la crisis forense conforme a los datos públicos más de 52,000 personas fallecidas se encuentran sin identificar, en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense, además de los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente de fosas clandestinas.
En ese mismo año se reformó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que establece la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, este fue establecido e inaugurado en Xochitepec, Morelos, su función principal la identificación masiva de personas y restos humanos. Sin embargo, para 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, desmanteló el Centro ante la denuncia de distintos sectores de la población.
La organización Voz con Dignidad y Justicia de México informó que el 10 de febrero del presente año que recurrió ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que emitiera una acción urgente por el caso de la desaparición de una persona, el Comité dio una respuesta favorable e instruyó al Estado mexicano para realizará distintas acciones, entre estas, asegurar que el Centro Nacional de Identificación Humana tuviera los medios necesarios para conservar y analizar los restos humanos y muestras genéticas. El Estado mexicano debía informar las acciones implementadas para cumplir con la acción urgente, lo que no ha sucedido, según informó la organización Voz con Dignidad y Justicia de México.
La desaparición forzada de personas es una problemática que para julio de 2024 se tiene un registro de personas desaparecidas y no localizas de 115,900 personas, es decir, se presentó un incremento de 5,058 personas desaparecidas y no localizadas con respecto a la cifra del año anterior, esto es 27.7 personas por día desaparecen o no son localizas. Asimismo, se tiene registro sobre el hallazgo de 5,781 fosas clandestinas y 10,088 cuerpos exhumados, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Contrario a lo que podríamos esperar las acciones del Estado mexicano son sistemáticas para que la situación que viven las familias y víctimas por desaparición forzada y no localizadas prevalezca. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ejerce sus funciones de forma autónoma e independiente, bajo la actual administración se avaló la militarización de la Guardia Nacional y la política de seguridad, al no presentar acciones de inconstitucionalidad; así como lo concerniente a las políticas de reparación de daños a víctimas, el proyecto de reforma de la Ley General de Víctimas, además de promover la transformación de la Comisión con autonomía constitucional en una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
Han pasado alrededor de diez años desde que se realizaron las reformas constitucionales por las que se otorgaron facultades al Congreso de la Unión para expedir Leyes Generales en materia de desaparición forzada, distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, los tipos penales y sus sanciones, y siete años para que se publicara el 17 de noviembre de 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a la fecha no se han expedido la legislación secundaria y reglamentaria a esta.
Las otras herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda son poco conocidas, se encuentran en parcial operatividad y actualización, son operadas por la Fiscalía General de la República y sus homologas en las Entidades federativas, entre las que existen problemas de coordinación y comunicación para compartir información, dada las distintas dimensiones y asimetrías de recursos financieros, humanos y materiales, así como la ausencia de una política pública en materia de desaparición forzada y armonización normativa.
La falta de confianza de la ciudadanía en las fiscalías impide que las víctimas se acerquen a denunciar casos de desaparición, además la existencia de múltiples prácticas que obstruyen y retardan el acceso a la justicia, incluyendo el uso excesivo del formalismo procesal, lo que provoca la impunidad casi absoluta en los casos de desaparición forzada en la que solo del 2% al 6% de las investigaciones se logran judicializar y solo se cuentan con 36 sentencias por desaparición forzada a nivel nacional al 2022.
El Estado Mexicano por tradición es reconocido como un activo sujeto internacional en favor de la paz, la cooperación y de los Derechos Humanos, asimismo, se le reconoce como un innovador vanguardista en la generación de Leyes para la protección de derechos. Sin embargo, una ley que no se aplica o se aplica con deficiencia es una ley que no cumple con su objeto.
El Estado de derecho en México se encuentra en una crisis de legalidad y legitimidad, ante el aumento de la impunidad y la negociación de la ley no solo adentro de sus fronteras sino también al exterior, el cumplimiento de obligaciones y recomendaciones internacionales derivadas de la aplicación de las Convenciones de las que se es parte, bordeando los límites para no ser señalados en el foro de las naciones de contravenir lo concerniente al respeto y garantía de los derechos humanos, aunque existen serios problemas de violación de estos.
