No es sorpresa para nadie que México es un país que, desde hace mucho tiempo ya, es víctima de una profunda y cada vez más fuerte criminalidad e inseguridad.
Naturalmente, esto ha llevado al encarcelamiento de miles y a fortalecer las medidas de aprehensión; sin embargo, como ya lo hemos platicado en este espacio, toda política y decisión pública siempre tiene más de un impacto, y en este caso se ha dejado de lado el impacto que tiene en los menores.
Durante los últimos años, la prisión preventiva oficiosa ha sido un tema altamente controversial. Uno de los factores que despertó inquietud fue la iniciativa presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante la Cámara de Diputados para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de nuestra Constitución.
La prisión preventiva oficiosa, en pocas palabras, implica que una persona que presuntamente haya cometido alguno de los delitos que esté contenido en dicho catálogo puede ser enviada a prisión sin necesidad de un juicio.
Organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado en contra de este tipo de medidas, debido al riesgo que representan al principio de presunción de inocencia.
Si bien son muchos los factores a considerar previo a determinar si una medida de estas características merece ser erradicada o, por el contrario, ampliada, algo que definitivamente no podemos dejar de lado es que antes de aprobar o rechazar una iniciativa resulta clave analizarla de forma integral.
Las políticas públicas siempre tienen más de una cara. La prisión preventiva oficiosa no impacta únicamente en la seguridad del país, o en la vida de la persona privada de su libertad, sino que igualmente tiene un impacto social importante, siendo uno de los más importantes, aquel que tiene en el entorno y las familias de aquellos que son aprehendidos.
Para comprender mejor esta realidad, platiqué con Rosalinda López, Directora General de FUNFAI, organización dedicada al cuidado y protección de menores que tienen entre 2 y 15 años de edad, cuyo padres han sido ingresados en prisión.
Tras preguntarle, ¿cuál es el impacto que tiene en los niños, niñas y adolescentes que alguno de sus padres sea ingresado a prisión? Respondió lo siguiente:
RL: Lo que logramos identificar es que se generan traumas más derivados de las pérdidas, de los procesos de duelo que no son atendidos, de la ansiedad y la preocupación por no saber qué va a pasar o qué está pasando con sus padres. Cuando ya se enteran que están dentro de un centro de inserción, la familia se ve totalmente quebrantada. Los niños sienten mucha culpa, los niños y las niñas son señalados y la familia, hay ocasiones en que pueden hacerse responsables del desarrollo de los niños, y hay ocasiones en los que no, porque no se cuenta con esas herramientas de crianza, e incluso con la suficiencia económica para poder solventar todas las necesidades que un menor requiere, para solventar temas de educación, de cuidado a la salud, especialistas, etcétera.
Igualmente, resaltó la importancia de fomentar la empatía para estas familias.
RL: Esta población, que son niños, niñas y adolescentes que tienen un referente adulto privado de libertad, es una población muy invisibilizada y muy señalada. Es muy complejo tener esa confianza de decir: Yo no tengo culpa de lo que está sucediendo a mi alrededor, y no tengo por qué recibir esos señalamientos de algo que yo no hice, o que yo no pensé, o que ni siquiera yo estaba enterado. En muchas ocasiones los niños y las niñas ni siquiera tienen esta dimensión a lo que se dedican o en lo que pueden estar ocupándose sus padres. Hay que tener mayor empatía con estas situaciones y no lo señalemos cuando hay más allá de un “Ah, está en la prisión y por eso es malo”
¿Por qué es importante esto? No solo porque debe ser siempre una máxima prioridad del Estado garantizar el bienestar y derechos de los menores, sino porque es una clara muestra de lo importante que es analizar bien las implicaciones previo a legislar.
Merece la pena resaltar que con esto no pretendo determinar la asertividad o error de dicha medida, ni mucho menos exentar de la prisión a aquellos que, de manera probada y legal, la merezcan; sino que se trata de llevar el análisis un paso más allá.
¿Cómo va el Estado a atender a las infancias y subsanar el tejido social en caso de que se apruebe ampliar el catálogo de delitos y, por ende, ampliar el número de personas que están en prisión, muchas de ellas sin sentencia?
¿Se aumentará el presupuesto de las prisiones?, ¿habrá más prisiones?, ¿habrá programas especiales para la infancia o seguiremos dependiendo de la sociedad civil?, ¿los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación recibirán la atención física y psicológica que necesitan?, ¿qué realidad viven los niños y niñas cuyos padres tienen años en prisión sin poder recibir sentencia?, ¿es realmente justo para todos?
Es muy importante, siempre, ya seamos ciudadanía o gobierno, que cuando diseñemos y apoyemos algún cambio institucional, legislativo, administrativo o judicial, procuremos hacerlo de manera integral. Es importante, porque lo que podría parecer como algo que pueda ayudar, en una mala ejecución puede terminar perjudicando aún más, no resolver el problema de raíz y tener externalidades negativas que generen círculos viciosos y dañen a los más inocentes.
Una vez más, los actos de gobierno y las políticas siempre tienen dos caras de la moneda y un impacto más profundo de lo que parece. Te invito a que juntos continuemos este análisis dual.
