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El 23 de agosto de 2024 será recordado como el día en el que avanzó la aplicación del Plan C de AMLO, cuyo fin es una mayor concentración de poder en manos del Ejecutivo federal, por obra y gracia: (i) de la mayoría calificada, para Morena y aliados, en el Congreso de la Unión (el poder Legislativo a las órdenes del Ejecutivo); (ii) de la elección popular, sobre todo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual puede dar como resultado una Corte a modo para el Ejecutivo (el Poder Judicial al servicio del Ejecutivo); (iii) de la desaparición de órganos autónomos, con dependencias gubernamentales asumiendo sus tareas (a disposición del Ejecutivo).
En pocas palabras: más poder para el Ejecutivo federal; más Estado de chueco y menos de derecho; más simulación de división de poderes y menos división real; una presidencia más arbitraria y más amenazante, lo cual tendrá repercusiones negativas para la economía y el bienestar.
Lo he escrito muchas veces. Va de nuevo.
El crecimiento de la economía, que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, se relaciona con la creación de empleos, puesto que para producir alguien debe trabajar, y con la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, sobre todo, si éste ha de ser el resultado de la generación personal de ingreso (vivir gracias al trabajo propio, ser independiente), no de la redistribución gubernamental del mismo (vivir gracias al trabajo de los demás, ser dependiente).
La producción de bienes y servicios, con la que se mide el crecimiento de la economía, depende de las inversiones directas, que se destinan a la producción de satisfactores, mismas que dependen de la confianza de los empresarios para invertir directamente, que depende del Estado de derecho, que consiste en reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de los empresarios a la libertad individual para emprender y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo, derechos que, antes de la concreción del Plan C, no estaban ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados, mismos que, ahora que prácticamente se ha concretado, lo estarán menos, con el impacto negativo que ello tendrá sobre el crecimiento de la economía y el bienestar de las personas, como ya lo muestra el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa.
Durante el primer trimestre de 2023, del total de Inversión Extranjera Directa (IED), solamente el 6.9% fueron nuevas inversiones y durante el segundo el 15.5%. A lo largo del primer trimestre de 2024, del total de IED, únicamente el 2.5% fueron nuevas inversiones, 4.4 puntos porcentuales menos que un año antes, el 63.8%, y a lo largo del segundo el 5.2%, 10.3 puntos porcentuales menos que el año anterior, el 66.5%.
A lo largo del primer semestre de 2023 el flujo de nueva IED fue 2,963 millones de dólares. Durante el primer semestre de 2024 fue 909 millones, 2,054 millones menos, el 69.3%.
Hay que tomar en cuenta que los resultados de la IED, preocupantes, sobre todo ante las posibilidades del nearshoring, que no se están aprovechando, se dieron antes de la concreción del Plan C. ¿Qué pasará ahora que ya se concretó?
