La reciente reforma al Poder Judicial de México y las reformas adicionales previstas para septiembre están generando preocupaciones sobre su impacto económico. Aunque algunos minimizan los riesgos, la depreciación del peso mexicano, que ha caído un 17% desde mayo, sugiere lo contrario. Esta situación no solo refleja la creciente incertidumbre política, sino también factores externos como las decisiones de la Reserva Federal y los comicios estadounidenses en noviembre.
El crecimiento económico también podría verse afectado, con proyecciones que estiman un máximo de 1.5% para 2024, una cifra mediocre para una de las economías más grandes del mundo. La baja inversión, que ha mantenido niveles inferiores al 20% del PIB en los últimos cuatro sexenios, es otro factor preocupante. Las reformas no son bien vistas por los empresarios, lo que podría llevar a una disminución de la inversión privada y, por ende, afectar el PIB de 2025 y los años siguientes.
Además, la relación comercial con los socios del T-MEC podría deteriorarse debido a las controversias que podrían surgir de estas reformas, particularmente en áreas como la minería y la energía. Esto podría afectar gravemente la integración económica de México con Estados Unidos y Canadá, en un momento en que el nearshoring se presenta como una oportunidad clave para el país.
Por último, la estabilidad financiera de México también está en juego, ya que las reformas podrían llevar a una baja en la calificación de la deuda soberana, lo que incrementaría los costos del servicio de la deuda pública y agravaría los desafíos económicos.
