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Sheinbaum les dijo a los empresarios que las reformas constitucionales fortalecerán el Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas, que, en el campo de la economía, reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los empresarios, a la libertad individual para emprender y a la propiedad privada de los medios de producción, algo que en México no sucede.
Dado el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, y el quinto del 25, basta que se expida y promulgue una ley, en la que se diga que este o aquel sector de la actividad económica es considerado estratégico, para que deba expropiarse y gubernamentalizarse (gubernamentalizarse, no nacionalizarse, es la palabra correcta), por lo que el derecho de propiedad privada de los medios de producción no está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. ¿Estada de Derecho? No, Estado de chueco.
¿Cuáles son los sectores estratégicos de la economía? Los que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión, es decir, cualesquiera se les ocurran a los legisladores, ya sea por iniciativa propia o por orden del Ejecutivo Federal, orden que es eficaz si el partido político de la presidente tiene mayoría calificada en el Congreso de la Unión, como sucede en México. ¿Qué tenemos? Inseguridad jurídica con relación a la propiedad privada de los medios de producción.
¿Cuántos empresarios están conscientes de lo anterior? Y los que lo están, ¿qué han hecho para que se elimine de la Constitución la amenaza directa contra la propiedad privada de los medios de producción e indirecta contra la libertad individual para emprender, ya que el ejercicio de la libertad (para producir y ofrecer bienes y servicios), siempre implica el uso de alguna propiedad (los medios de producción)?
Esta amenaza constitucional, directamente contra la propiedad privada de los medios de producción e indirectamente contra la libertad individual para emprender, está presente desde febrero de 1983, producto de una de las muchas reformas por las que ha pasado la Constitución original de 1917, amenaza que se fortalece con lo escrito en el tercer párrafo del artículo 25 constitucional, en el sentido de que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad nacional”, algo propio de las economías gubernamentalmente dirigidas (el gobierno ordena y los agentes económicos obedecen), antítesis de la economía de mercado en el sentido institucional del término, en la que los derechos de los empresarios (libertad individual y propiedad privada), están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados.
Sheinbaum cuenta, con la Constitución de su lado, con el poder para, si lo considera correcto, expropiar bienes de producción y/o avanzar por el camino de una economía gubernamentalmente dirigida (para lo cual, entre otras cosas, se requiere de la expropiación de medios de producción), poder que ningún gobierno debería tener. El mexicano lo tiene desde febrero de 1983 y vuelvo a la pregunta: ¿qué han hecho los empresarios al respecto? ¿Qué han hecho para defender la propiedad privada de los medios de producción y la libertad individual de emprender? ¿Hasta qué punto son culpables por omisión?
