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En mi columna anterior comenté que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que la educación es un derecho y no un privilegio, y que el pueblo debe tener acceso a los beneficios de la ciencia que se desarrolla en el país. Por ello, propone convertir a México en una república educadora y científica. Ello implicaría tomar medidas que el gobierno de AMLO no tomó, tales como: partir de un diagnóstico formal sobre la calidad y equidad de la educación y la ciencia en el país; estudiar y valorar la eficacia de las políticas educativas implementadas en sexenios anteriores; diseñar un plan para atender los principales problemas educativos nacionales; utilizar los resultados y métodos de la investigación educativa (y demás disciplinas científicas); definir métricas para monitorear el cumplimiento de las metas que se establezcan; e, incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología en al menos en un punto porcentual del Productos Interno Bruto (PIB).
Desgraciadamente, el discurso de la presidenta, hasta ahora, no ha sido muy cuidadoso con lo que promete. Comentaba en mi columna anterior que prometió igualar el número de planteles de Educación Media Superior (EMS) con el número de escuelas secundarias del país. Esta promesa de construir o habilitar cerca de 20 mil nuevos planteles de EMS, equivale a duplicar el número que actualmente existe (21 mil 266), para alcanzar las cerca de 41 mil escuelas secundarias, lo que se ve imposible de lograr.
Otra de las promesas anunciadas se relaciona con la apertura de 300 mil nuevos espacios para el nivel superior, para lo cual propone crear en diversas partes del país nuevos planteles de la Universidad Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud, así como continuar expandiendo las Universidades del Bienestar Benito Juárez. Si bien es cierto que estas universidades han ayudado a incrementar la oferta educativa en educación superior, también es cierto que estos tres modelos de universidades públicas, junto con el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no se caracterizan por ofertar una educación de calidad, como la que se requeriría en un país que desea convertirse en una “república científica”. Tampoco han destacado por tener una política de transparencia y de rendición de cuentas, condición que no ha abonado a mejorar la calidad y equidad del nivel de educación superior nacional.
La falta de condiciones educativas para convertirse en una república científica se materializa en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, que la presidenta prometió darle continuidad, ya que no prioriza (inclusive, se opone) la enseñanza de las ciencias y las matemáticas, y en su lugar favorece la parte ideológica de la 4T, como son los saberes de las comunidades originarias del país, que se equiparan en importancia al conocimiento científico de talla internacional. Un ejemplo de ello es la ausencia de libros de texto de matemáticas en la educación básica; lo que convierte a México en el único país que sostiene dicha condición y que en palabras de Raúl Rojas (El Universal) es un crimen de lesa humanidad. Por el contrario, los países que son líderes en el desarrollo de ciencia y tecnológica (como Japón, Corea, Estados Unidos, China y Alemania) ponen gran énfasis en la enseñanza de las matemáticas y en los nuevos desarrollos científicos desde las etapas tempranas de la educación básica.
Las buenas intenciones de transformar al país son imposibles de materializar sin un incremento real en la inversión educativa y científica, tomando en cuenta que actualmente México invierte en educación, ciencia y tecnología solo 4.2% del PIB; es decir, 0.9% menos que en administraciones anteriores (OCDE). Sin presupuesto suficiente, no se podrá cumplir con las diferentes promesas presidenciales. Además de las antes mencionadas: 1) mejorar la oferta educativa en el nivel de educación inicial (0 a 3 años), cuya cobertura en el ciclo escolar 2022-2023 fue de apenas el 3.4% y 2) ampliar la jornada escolar en la educación básica que, según Fernández, de la Rosa y Mokwa) (Nexos), requeriría de 11 000 millones de pesos anuales, sin considerar los recursos para habilitar los espacios educativos de 27 mil escuelas.
Finalmente, una república educadora y científica presupone que se utilice un modelo de políticas públicas basadas en evidencias, con información confiable, que generen instituciones independientes del gobierno, como lo fue el INEE y, desde hace muchos años, es el caso del NAEP en los Estados Unidos, de CITO en Holanda y de ACER en Australia. La presidenta no se ha decantado en este sentido; por el contrario, ha manifestado su descuerdo en los procesos de evaluación educativa, por lo que supongo que sus políticas no tendrán el respaldo de las evidencias científicas, ni sus programas de gobierno serán objeto de análisis público; lo que es indispensable para rendir cuentas y poderlas mejorar.
