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* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
En los últimos días, México se ha encontrado en un intenso debate en el ámbito legislativo, no solo por la reforma al poder judicial, sino también por la muy posible desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos. Inicialmente, se tenía previsto que el debate se llevará a cabo el 13 de noviembre, pero se pospuso para el día 20 del mismo mes. Con esta reforma, lo que se busca es que el gobierno absorba las funciones que le corresponden a estos organismos, bajo la premisa de reducir el gasto y usar de manera óptima los recursos del Estado. Sin embargo, esta discusión ha alzado las alarmas con respecto a las graves consecuencias que esto plantea para la democracia y el equilibrio de poder.
Principalmente, podría desaparecer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros. Todos ellos desempeñan un rol clave para que cada mexicano tenga derechos garantizados, supervisar sectores donde el gobierno no debería tener injerencia como la promoción de la transparencia o la rendición de cuentas.
Sin embargo, a pesar de su utilidad, legisladores del oficialismo alegan que la existencia de cada uno de estos organismos implica un gasto del erario público elevado o que sus funciones fácilmente podrían pasar a manos del Estado. Asimismo, esta reforma empata con su discurso de austeridad republicana. De este modo, se espera que esta centralización de competencias traiga un desempeño más eficiente de éstas y que bajen los costos de operación.
Por otro lado, expertos alertan que esta reforma trae consigo una gran amenaza a la independencia de funciones que permiten el ejercicio de la democracia en nuestro país. Por ejemplo, tan solo el INAI permite que los ciudadanos accedan a información pública de modo que se promueve la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Su desaparición implicaría que los mexicanos no puedan tener un derecho tan básico como lo es el acceso a la información. Por otro lado, el CONEVAL, permite que se evalúen políticas públicas asegurando que los recursos se distribuyan correctamente a las políticas que se están llevando a cabo. Sin la independencia estos organismos, que son un gran contrapeso para el gobierno, áreas fundamentales podrían estar a merced de intereses políticos.
Analizando esta cuestión desde una visión económica, esta propuesta ya está afectando la percepción internacional de México como un país estable e inclusive, la desaparición de estos organismos viola ciertos capítulos del T-MEC. Asimismo, el contrarrestar contrapesos disminuye la confianza de inversionistas, que buscan seguridad institucional y protección de derechos. La autonomía en áreas como la competencia económica y la transparencia son fundamentales para una economía moderna y competitiva.
La votación prevista para el miércoles será crucial. En última instancia, la desaparición de estos organismos no solo plantea una cuestión administrativa, sino una amenaza potencial al equilibrio de poderes. En nombre de la austeridad, México podría comprometer la autonomía de instituciones fundamentales, lo que representa un retroceso para el sistema democrático. Preservar estos organismos no es simplemente una defensa de sus funciones específicas, sino una reafirmación de que la democracia y el derecho ciudadano a la rendición de cuentas deben prevalecer sobre cualquier consideración presupuestaria.
