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Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó el informe titulado Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educción 2024, en elque describe con lujo de detalle el estado que guarda México al respecto. El informe contiene casi 300 páginas y se divide en cuatro capítulos: 1) Metodología para la medición del derecho a la educación, 2) Diagnóstico del derecho a la educación 2023, 3) Brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho a la educación y 4) Retos para la garantía del derecho a la educación en México. La información que se reporta en este estudio está ampliamente documentada en publicaciones científicas y en diversos informes nacionales e internacionales, entre otros, de: el INEGI, la SEP, el INEE, la MEJOREDU, la OCDE, la UNESCO y la UNICEF.
Conocer el cumplimiento del derecho a la educación de los niños y jóvenes mexicanos es muy relevante, toda vez que éste se considera un derecho “bisagra”, que permite a las personas hacer valer otros derechos humanos, como: la salud, la alimentación, la vivienda digna, el trabajo, la seguridad y la no discriminación. Hacer efectivo el derecho a la educación, especialmente, es de suma importancia para las personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y que, por ello, quedan excluidos de los beneficios sociales y de las libertades fundamentales; condición que les impide desarrollar su potencial humano y el disfrute de ser miembro de una comunidad.
El marco analítico del derecho a la educación del Coneval se centra en tres grandes aspectos de los servicios educativos: disponibilidad, accesibilidad y calidad. La disponibilidad considera los siguientes elementos: instituciones (tipo de servicios educativos), infraestructura (condiciones físicas), personal (suficiencia y disponibilidad), planes y programas (directrices y contenidos estandarizados) y materiales (disponibilidad de libros de texto y otros materiales). La accesibilidad enfatiza: las características físicas y del entorno y la accesibilidad económica de los servicios. Finalmente, el rubro de calidad se centra en: la calidad de los medios físicos (planteles, mobiliario), habilidades profesionales de los docentes, calidad de los procesos (gestión, organización, prácticas docentes), aprovechamiento (aprendizaje) y relevancia (conocimientos pertinentes).
Los resultados del estudio muestran que el Estado está muy lejos de garantizar a todos los mexicanos el derecho a una educación de calidad, independientemente de su condición sociocultural. Basta con revisar dos grandes indicadores: la cobertura educativa y la infraestructura escolar. En 2022, la población en edad escolar (de 0 a 24 años) era de 52.1 millones (40.4% de la población total). De esta población, 35.3 millones estaban matriculados; es decir, 67.7% o dos terceras partes. Por grupos de edad y nivel educativo, el SEN atiende al: 20.4% en educación inicial (0 a 2 años), 75.4% en preescolar (3 a 5 años), 98.5% en primaria (6 a 11 años), 91.2% en secundaria (12 a 14 años), 79.4% en bachillerato (15 a 17 años) y 34.9% en educación superior (18 a 24 años).
En cuanto a la infraestructura escolar, el informe señala que las escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) carecen de: electricidad (10.0%), agua potable (24.3%), lavamanos (20.6%) y sanitarios (4.2%). En el nivel de bachillerato, las carencias son, respectivamente, de: 15.5%, 28.5%, 22.7% y 7.9%. Hay que resaltar que estas carencias se distribuyen de manera muy inequitativa entre los tipos de escuelas, afectando por más del doble a las escuelas comunitarias e indígenas y de manera muy insignificante a las escuelas privadas. Respecto al mobiliario básico de las escuelas —donde los alumnos pueden sentarse y apoyarse, y se cuente con un pizarrón— el informe muestra que 19% de las escuelas públicas de preescolar carece de dicho mobiliario, 20% de las primarias y 23% de las secundarias. Asimismo, aproximadamente 1 de 5 escuelas en educación básica carecen de sillas o escritorios para los docentes. El tamaño de estas carencias se puede dimensionar mejor si tomamos en cuenta que en el país existen cerca de 230 mil escuelas de educación básica y 21 mil planteles de bachillerato.
El Estudio diagnóstico del derecho a la educación de Coneval es un buen ejemplo de la importancia que tienen los organismos autónomos, para informar a las autoridades gubernamentales y rendir cuentas a la sociedad —con evidencias sólidas y datos duros—, sobre los distintos puntos neurálgicos de la vida de un país, como es el caso de su sistema educativo. Por desgracia, después de veinte años de existencia, esta administración decidió eliminar a este organismo autónomo (junto con la MEJOREDU). La premisa “lo que se mide se puede mejorar” dejará de valer para el caso de México. Ahora, la SEP será juez y parte; como hace más de dos décadas, que escondía o no daba a conocer los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales.
