Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda denunciaron la desorganización e indiferencia en la visita organizada por las autoridades al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Las familias esperaban escuchar de primera mano los avances en la investigación por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, a última hora les informaron que el fiscal no asistiría, lo que dejó a los presentes desilusionados. Patricia Sotelo, madre de una joven desaparecida, describió la visita como un «circo» y señaló que el lugar había sido alterado, lo que dificultó su investigación.
El colectivo de búsqueda denunció que, al llegar al rancho, encontraron un sitio completamente modificado. «Todo está bien acordonadito, pintado, arreglado, barrido, ya está bien, está limpiecito», explicó Sotelo, añadiendo que las fosas clandestinas ahora estaban inalcanzables, y que las evidencias físicas habían sido sustituidas por un catálogo digital, al cual no se les permitió acceder en formato físico. La falta de transparencia en el manejo de las pruebas fue otro de los puntos críticos mencionados por las familias.
Además de la alteración del lugar, Anna Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), calificó la jornada como una acción «sumamente irresponsable». La visita fue limitada, con un acceso restringido a solo un número reducido de personas por vez, lo que generó frustración entre los asistentes. Las familias esperaban poder realizar una inspección más profunda y directa del sitio, pero se vieron forzadas a conformarse con una visita breve y controlada.
Esta situación resalta las crecientes críticas hacia las autoridades, que han sido acusadas de no brindar un manejo adecuado de las investigaciones sobre desapariciones y de no garantizar el acceso pleno a la justicia para las familias afectadas.
