Una coalición de doce estados de Estados Unidos ha presentado una demanda legal contra los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, argumentando que el mandatario republicano no tiene la autoridad constitucional para imponer tales medidas sin la aprobación del Congreso. La demanda, presentada ante la corte de comercio internacional de Estados Unidos, se suma a una acción similar emprendida por California la semana pasada.
Los fiscales generales de los estados demandantes, incluyendo Arizona, Oregón, Nueva York y Minnesota, sostienen que la política arancelaria de Trump es «imprudente desde el punto de vista económico» e «ilegal». Según la demanda, la ley de 1977 invocada por Trump no le permite utilizar medidas de emergencia para imponer aranceles, una facultad que la Constitución reserva al Congreso.
La demanda detalla que, al atribuirse la autoridad de imponer aranceles sustanciales y variables a productos importados, Trump ha alterado el orden constitucional y sumido a la economía estadounidense en el caos. Economistas advierten que los aranceles podrían aumentar los precios para los consumidores y provocar la pérdida de empleos, generando incertidumbre económica.
El gobierno alemán, por ejemplo, ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB para 2025 al 0% debido a la guerra comercial iniciada por Trump. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha advertido sobre el impacto negativo de los aranceles en la economía global, especialmente en los países en desarrollo.
