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* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
La próxima elección judicial no puede pasar como un trámite más de nuestro sistema político. Cada vez hay más señalamientos de jueces con presuntos lazos al narcotráfico, y esa sombra pone en jaque la confianza de la sociedad en el poder judicial. No se trata de alarmismos infundados: reportes periodísticos y datos de agencias de inteligencia han documentado casos en los que magistrados habrían recibido sobornos, protegido a capos o ignorado pruebas clave para beneficiar al crimen organizado.
Cuando un juez cede ante el narco, no solo distorsiona un caso aislado, sino que corroe todo el andamiaje de la justicia. Un fallo “amigable” para los delincuentes envía un mensaje claro: la impunidad puede comprarse y las víctimas quedan desprotegidas. En tribunales donde el narcotráfico infiltra sus tentáculos, las audiencias se aplazan sin explicación, se cierran expedientes y se diluyen pruebas fundamentales. El resultado es un sistema donde la verdad y la ley pierden peso frente al poder del dinero y la violencia.
Este problema no aparece de la noche a la mañana. Son fallas que persisten en los filtros de selección y supervisión de los jueces. Aunque se revisan títulos, años de servicio y opiniones académicas, rara vez se examinan a fondo los bienes de los aspirantes, sus posibles conflictos de interés o su relación con actores políticos y económicos. Sin esa mirada profunda, quedan espacios abiertos para que el narcotráfico reclute o presione a quienes deberían ser garantes de imparcialidad.
La sociedad no puede quedarse al margen. En esta elección, los ciudadanos deben exigir información clara y actualizada sobre los candidatos: conocer sus trayectorias, sus antecedentes disciplinarios y su historial patrimonial. Los medios de comunicación y las organizaciones civiles tienen el reto de investigar y difundir estos datos antes de que llegue el día de votar. Solo así podremos distinguir a quienes aspiran a la toga con buenos principios de quienes buscan el cargo para servir intereses oscuros.
Al mismo tiempo, es urgente diseñar mecanismos que protejan a los jueces honestos. Aquellos que se nieguen a ceder ante amenazas o promesas del narcotráfico deben contar con respaldo institucional, apoyo legal y, de ser necesario, medidas de seguridad. No podemos depender únicamente de la valentía personal: la estructura judicial debe ofrecer un entorno donde valga la pena aplicar la ley sin temor.
En definitiva, la elección judicial debe ser un punto de inflexión para fortalecer la integridad del tribunal. Si permitimos que la sospecha y las influencias del narco sigan marcando decisiones, estaremos cavando nuestra propia tumba democrática. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo: votemos con responsabilidad, informados y conscientes de que esa decisión moldea el rostro de la justicia en nuestro país.
