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Coyuntura económica y algo más
Cuando endeudarse se vuelve rutina, la incompetencia ya es norma…
Macraf
Siempre he dicho —y lo sigo sosteniendo— que la principal actividad de un Estado es gastar. El gobierno debe utilizar todos los recursos a su alcance, e incluso, en ocasiones, más de los que realmente tiene. Esto no implica ineficiencia per se, sino que responde a su papel como proveedor de bienes y servicios públicos. Si partimos de que las necesidades sociales son infinitas y los recursos son limitados, entonces hablar de endeudamiento no solo es común, sino hasta cierto punto lógico y aceptable.
El problema empieza cuando ese endeudamiento no se destina a cubrir necesidades sociales, sino a otros fines: operaciones políticas, apoyo a empresas ineficientes o proyectos improductivos. La deuda puede ser válida si se usa para educación, salud, seguridad, infraestructura o movilidad. Pero no lo es cuando sirve para financiar propaganda o tapar ineficiencias estructurales.
Y aquí va el dato duro: la Secretaría de Hacienda informó que la deuda pública alcanzó los 17.5 billones de pesos entre enero y abril de 2025, lo que representa un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Hablamos del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), es decir, toda la deuda acumulada del gobierno, que incluye préstamos en pesos y dólares, intereses y pasivos de Pemex y CFE.
¿No que no? Durante años se repitió que no habría más deuda. El discurso fue constante tanto con AMLO como con la corcholata mayor: “no se endeudará más al país”. Pero la realidad es otra. La deuda externa creció 23% anual, al pasar de 3.6 a 4.5 billones de pesos. La deuda interna también aumentó de 11.7 a 13 billones en el primer cuatrimestre, es decir, un alza del 11%.
Para dimensionar: cuando inició la transformación de cuarta en diciembre de 2018, el SHRFSP era de 10.48 billones de pesos. A la fecha, tras 5 años y 10 meses de AMLO y apenas 8 meses de Claudia, la deuda ha crecido más de 7 billones de pesos, un incremento de 71%. Cifras, no discursos.
Ahora bien, ¿esto es bueno o malo? Depende. La única forma sensata de evaluarlo es preguntarnos si la situación de las personas ha mejorado o empeorado. Si la deuda ayudó a mejorar la calidad de vida, podríamos justificarla. Pero si no hay cambios —o peor aún, retrocesos—, entonces el problema no es solo financiero, sino ético y político.
Revisemos algunos datos clave:
- Crecimiento económico (1T 2025): 0.6%, frente al 4.5% prometido.
- Empleos creados a abril 2025: 179,289, cuando se requerían al menos 400,000.
- Índice de Competitividad IMD: lugar 56 de 67 países.
- Informalidad laboral: 54.3% de la población ocupada.
- Pobreza laboral: 33.9%, es decir, un tercio de la población no puede cubrir la canasta básica con su ingreso laboral.
- Salud y seguridad: continúa el desabasto de medicamentos, equipo y personal médico. Y solo el 37.9% de la población adulta se siente segura en su ciudad. El resto, 62.1%, no.
Con estos datos, la gran pregunta es obvia: ¿en qué se han usado esos más de 7 billones de pesos de deuda? Porque queda claro que no ha sido para mejorar la calidad de vida ni para fortalecer la base productiva del país. Los indicadores lo prueban. Entonces, ¿seguiremos normalizando este gasto sin resultados?
Decida usted, estimado lector: ¿exigimos cuentas claras sobre el uso de esa deuda? ¿O dejamos pasar, una vez más, el tema sin consecuencias?
Así, así los tiempos estelares del segundo piso, de la transformación de cuarta.
