Ante el reciente informe de la organización México ¿Cómo Vamos? (MCCI), que cuestiona la mezcla de tipos de contrato en gastos legislativos, el Senado de la República emitió un comunicado en el que asegura que más del 85 % de los 4,471 contratos suscritos entre 2018 y 2024 se realizaron bajo licitación pública, conforme a la Ley de Adquisiciones, Obras y Servicios.
Voceros de la Mesa Directiva resaltaron que las contrataciones restantes se ajustaron a procedimientos de adjudicación directa o invitación restringida únicamente cuando las características técnicas de los proyectos lo exigían, por ejemplo en servicios especializados de tecnología o urgencias sanitarias. Subrayaron que todos los procesos estuvieron sujetos a auditoría interna y externa.
Por su parte, diputados del bloque mayoritario criticaron la falta de contexto en el informe, indicando que no se consideraron variables como la complejidad de ciertos contratos ni la interoperabilidad con otras dependencias. Anunciaron que presentarán un informe complementario con detalles pormenorizados y facturas escaneadas para transparentar cada partida.
MCCI, en respuesta, comunicó que revisará la documentación aportada y que de confirmarse irregularidades promoverá denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación. Hasta entonces, el debate sobre la eficacia de los procedimientos de compra pública seguirá en la agenda legislativa y mediática.
