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* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
En México, la aprobación de la llamada “Ley Silla” ha provocado una conversación que va mucho más allá de si los trabajadores deben tener derecho a sentarse. La reforma, que obliga a los empleadores a garantizar que los trabajadores puedan tomar asiento cuando no estén atendiendo al público, toca fibras profundas sobre la dignidad laboral, el clasismo y los derechos humanos en el mundo del trabajo.
A simple vista, puede parecer una medida menor. Pero detrás de ella hay décadas de prácticas normalizadas que exigen a empleados, sobre todo mujeres en tiendas, supermercados, farmacias o bancos, mantenerse de pie durante jornadas de hasta ocho o más horas. No por necesidad operativa, sino por “imagen”, por una absurda noción de que estar sentado equivale a flojera. Como si el descanso físico anulara el compromiso laboral.
La resistencia a esta ley ha sido reveladora. Desde quienes alegan que “así ha sido siempre” hasta empresarios que afirman que permitirá abusos, el debate ha evidenciado cómo en México aún se romantiza el sufrimiento como sinónimo de trabajo. En lugar de preguntarnos cómo dignificar los empleos, muchos prefieren seguir midiendo el valor del trabajador por su aguante físico, no por la calidad de su labor.
Pero el descanso no es un privilegio. Es un derecho. La Organización Internacional del Trabajo reconoce la necesidad de condiciones laborales seguras y saludables. Estar de pie por horas sin descanso puede generar daños permanentes en la columna, articulaciones y circulación. Defender la Ley Silla es también defender la salud pública y el derecho de todos a un trato justo, sin importar si están detrás de un mostrador o en una oficina.
No es casual que esta reforma haya sido impulsada en un país con una de las mayores brechas laborales del mundo. Quienes más sufrirían sin esta ley son, una vez más, trabajadores mal pagados, con menos prestaciones y muchas veces sin contratos formales. La Ley Silla no es sólo una silla: es un paso hacia la igualdad.
Como toda reforma, necesitará reglamentación clara, vigilancia y voluntad. No basta con colocar bancos si los trabajadores serán castigados por usarlos. Pero el mensaje que lanza es poderoso: el bienestar no se negocia. En tiempos donde se habla tanto de productividad, conviene recordar que las personas no son máquinas.
La Ley Silla es, al final, una pregunta ética: ¿qué tipo de país queremos ser? ¿Uno que castiga el cuerpo como disciplina o uno que reconoce que trabajar también es un acto humano?
