El proceso legislativo para extinguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha generado una profunda preocupación entre su personal. La entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones implicará la desaparición del IFT y la creación de una nueva agencia adscrita al Ejecutivo; sin embargo, el artículo noveno transitorio no define con precisión los criterios de indemnización, lo que ha desatado incertidumbre entre quienes laboran allí.
Más de 200 empleados contratados por libre designación —incluyendo personal operativo y directivo— temen quedar excluidos de la estabilidad laboral y ser objeto únicamente de un finiquito limitado a prestaciones proporcionales. Ante este riesgo, han convocado a un paro de labores —que iniciaría el 5 de mayo— y advirtieron posibles bloqueos y tomas de oficinas si los comisionados no transparentan el destino de los más de 1,700 millones de pesos en fideicomisos, que consideran deben cubrir sus liquidaciones .
El precedente que ponen sobre la mesa es claro: tanto empleados del INAI como de Mejoredu lograron indemnizaciones homogéneas —tres meses de salario más 20 días por año trabajado— al manifestarse de forma similar. En ese contexto, los trabajadores del IFT exigen que se aplique el mismo criterio sin discriminación y advierten que, de lo contrario, estarían dispuestos a llevar sus reclamos ante tribunales.
