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* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
La bomba estalló el 25 de junio de 2025. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la oficina FinCEN, identificó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como actores clave en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, particularmente ligado al fentanilo. Por primera vez, la ley estadounidense FEND Off Fentanyl Act, diseñada para combatir las finanzas del crimen organizado, fue aplicada directamente a bancos mexicanos.
La acusación no fue menor. Se documentaron millones de dólares en transferencias sospechosas, depósitos en efectivo sin origen claro y transacciones internacionales que facilitaron la compra de precursores químicos para producir fentanilo. Según las investigaciones, estas instituciones no solo omitieron alertas y controles internos, sino que habrían mantenido relaciones sistemáticas con empresas fachada vinculadas a cárteles como el de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.
En cuestión de días, el impacto fue brutal. Visa y Citi cancelaron servicios con las entidades señaladas. Clientes institucionales y particulares comenzaron a retirar fondos. El pánico obligó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a intervenir las direcciones de CIBanco, Intercam y Vector, en una medida sin precedentes. La Secretaría de Hacienda insistió en que el sistema financiero mexicano sigue siendo sólido, pero el golpe reputacional es irreversible.
Lo más preocupante es que este escándalo no ocurre en la periferia del sistema, sino en su núcleo. Ya no hablamos solo de lavado hormiga o de pequeñas operaciones. Hablamos de instituciones reguladas, con presencia nacional, involucradas en esquemas que facilitaron, por acción u omisión, la circulación de dinero del narco. Y lo hicieron en tiempos en que el fentanilo ha matado a decenas de miles de personas en Norteamérica.
Este caso deja al descubierto algo que muchos sabían, pero pocos querían nombrar: la narcoeconomía ya no se esconde, opera con sofisticación dentro de la economía formal. Los cárteles no solo controlan territorios o rutas. También infiltran estructuras legales: compran empresas, lavan dinero en bienes raíces, usan bancos, casas de bolsa y asesores financieros. El dinero ilícito ya no llega con maletas; llega con transferencias SWIFT.
Ante esto, la respuesta no puede limitarse a intervenciones temporales ni a declaraciones de buena voluntad. México necesita una reforma profunda del sistema de prevención de lavado de dinero, con auditorías externas, mayor cooperación internacional y sanciones reales, no solo administrativas, sino penales, para ejecutivos cómplices.
La sociedad también debe despertar. Mientras miremos a otro lado, el narco seguirá comprando legitimidad con billetes. Y si la banca se convierte en cómplice, estamos ante una amenaza que no solo financia la violencia, sino que erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho.
Porque cuando el crimen organizado logra colarse en los bancos, ya no estamos hablando de crimen. Estamos hablando de poder.
