Petróleos Mexicanos (Pemex) proyecta incorporar 69,400 barriles diarios adicionales de petróleo crudo mediante la migración de tres asignaciones a contratos de exploración y producción compartida, como parte de su estrategia para aumentar la eficiencia operativa en yacimientos maduros. Esta iniciativa, que contempla áreas en los estados de Veracruz y Tabasco, busca atraer inversión privada a través de esquemas de riesgo compartido sin que el Estado pierda control sobre los recursos estratégicos.
Sin embargo, este intento de dinamizar la producción se da en un contexto financiero adverso. Carlos Slim Helú, empresario mexicano y figura influyente en el sector, advirtió que Pemex ya ha ejercido el 70 % de su presupuesto anual a mitad del año fiscal. Esta situación genera preocupación respecto a su capacidad para afrontar los compromisos de inversión restantes sin comprometer la estabilidad financiera de la empresa ni del país.
La situación evidencia las tensiones estructurales de la petrolera estatal: mientras intenta reactivar su producción mediante esquemas flexibles de colaboración, su rigidez financiera y su pesada carga de deuda limitan su margen de maniobra. Además, el sobreendeudamiento de Pemex y su dependencia de recursos públicos ponen en entredicho la sostenibilidad de su modelo operativo actual, más aún cuando el entorno internacional exige eficiencia y descarbonización.
Desde una mirada crítica, la estrategia de contratos mixtos podría ser una herramienta útil si se ejecuta con transparencia, reglas claras y disciplina presupuestaria. Sin ello, el riesgo de repetir errores del pasado podría neutralizar cualquier avance técnico o comercial.
