La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con mayoría de tres votos a uno, instruyó el 2 de julio de 2025 al Juzgado Primero de Distrito especializado en competencia admitir a trámite la primera acción colectiva promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra distribuidoras farmacéuticas. Se trata de una demanda por prácticas monopólicas entre 2006 y 2016 que habría causado un daño superior a 2,000 millones de pesos a consumidores.
La Cofece, que multó en 2021 a las empresas Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Diprofar con sanciones por 903 millones de pesos (el máximo legal), ahora busca recuperar 2,316 millones de pesos a través de esta acción colectiva, monto que propone canalizar al programa IMSS‑Bienestar . La demanda fue previamente desechada por el juzgado bajo el argumento de que primero debían resolverse amparos pendientes, pero la Corte determinó que las sanciones son definitivas desde su emisión administrativa, aunque los amparos sigan su curso .
Este avance judicial marca un hito: es la primera vez que Cofece recurre a una acción colectiva de este tipo respaldada por la Corte, lo que podría sentar precedente para futuras demandas en casos de prácticas anticompetitivas. No obstante, hasta ahora las acciones colectivas en México han enfrentado limitaciones procesales que han impedido alcanzar resoluciones finales con reparaciones efectivas .
Desde una perspectiva crítica, aunque el fallo refuerza los derechos colectivos, su impacto dependerá de que el nuevo órgano sucesor, la Comisión Nacional Antimonopolios, cuente con las herramientas institucionales y autonomía operativa para concluir el litigio y garantizar que los recursos se reintegren realmente al sistema de salud pública.
